Por una Universidad democrática

Román Munguía Huato

Replantear la necesidad del análisis de la función social de la universidad es clave,

me parece, en esta fase en la cual la privatización indirecta de la universidad pública,

la aceleración del proceso de mercantilización y la implantación de las

universidades privadas, con el consentimiento de los poderes políticos,

están contribuyendo de una manera decisiva al desplazamiento de la sede

(o sedes) de creación de hegemonía.

Francisco Fernández Buey

 En un mundo actual donde vivimos una civilización de barbarie o una barbarie civilizada, por contradictoria que esta idea parezca, el hecho es que la tendencia histórica la marca un proceso de mayor degradación social; es decir, un proceso de deshumanización acelerado y de barbarie. La sociedad planetaria vive, pues, una crisis civilizatoria resultado de un proceso salvaje de un capitalismo tardío, dentro del cual la crisis de los valores educativos y culturales aparece bajo diversas formas contradictorias y amenazantes a las conquistas sociales heredadas desde hace muchas décadas con los derechos humanos; como es el derecho a la educación y a la cultura en general.

En tal sentido, el papel de las universidades públicas para contribuir a la búsqueda de alternativas de solución a los grandes y graves problemas no es de poca importancia. La cuestión, contradictoria, es que la universidad también forma parte de aquellos problemas por resolver por la mayoría poblacional, especialmente por la población trabajadora, que es la que proporciona fundamentalmente los recursos económicos que sostienen sus actividades sustanciales. De ahí la relevancia de una política redistributiva de la riqueza social en manos del Estado y, por ende, del uso de estos recursos por las propias instituciones. De ahí también la importancia de la naturaleza de las políticas públicas, en tanto forma del gasto social, y las propiamente educativas. Pero los analistas afirman que, por desgracia, en nuestro país es inexistente un verdadero proyecto educativo y sus políticas no van encaminadas a construirlo; en todo caso, el existente proyecto educativo oligárquico pretende estar a tono con el universo mercantil y su rentabilidad económica; todo ello enajenante. Es por eso que la educación, dentro de esta perspectiva, se considera más como negocio lucrativo que como un bien social; y también por eso algunas autoridades universitarias, por desgracia y patéticamente, conciben a la universidad como un espacio para el marketing y el showbusiness, enmarcado en un escenario iluminado por candilejas en profundas corruptelas flagrantes.

Hoy día, el grueso de las universidades públicas mexicanas, como es el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se debate en una profunda crisis. La UdeG en estas circunstancias se encuentra sumida en una crisis académica y de gobierno muy honda. Carece de un ethos humanista político, filosófico, cultural, educativo y ético, pues más que administrarse como institución educativa pública para beneficio de la sociedad entera, se maneja como empresa promotora de espectáculos y entretenimiento para fines privados.

Esta crisis universitaria tiene fuertes impactos en la sociedad civil, para su presente y futuro inmediato desarrollo social; tal es el gravísimo problema de la exclusión de miles de jóvenes del derecho a la educación media superior y superior. Es eso lo que da origen legítimo al Frente Ciudadano y Universitario en la Defensa de la Educación Pública, pues su demanda central es que todo joven estudiante tiene el derecho a la educación bajo el amparo constitucional del Artículo Tercero, todavía vigente formalmente, pero en la práctica parcialmente anulado y amenazado por la voracidad empresarial y las autoridades gubernamentales y universitarias cómplices y displicentes. Por ello es necesario luchar por la ampliación de la cobertura escolar. Se trata de la defensa de la educación como un bien común, para beneficio de la sociedad entera, y no para beneficio de grupos de poder regidos por cacicazgos protegidos por el poder estatal.

Una condición necesaria para lograr tal reivindicación legítima es un proceso democratizador de la universidad. Este proceso implica, a su vez, a juicio del Frente, resolver el problema de las actuales estructuras de poder concentrado extraordinariamente en unas manos, cuasi poder absoluto, pues también de ahí deviene una crisis de gobierno universitario, cuyos saldos en los tiempos recientes son dramáticos. Estamos hablando de una institución que podemos caracterizar perfectamente como la universidad del espectáculo de los escándalos, hoy de la “nota roja” periodística, cuyos orígenes provienen desde hace varias décadas, especialmente de las dos últimas a partir de la rectoría de Raúl Padilla López.

Durante décadas esta universidad ha estado sometida a fuertes disputas por el poder, pero de hecho en ningún momento se ha presentado una alternativa realmente democrática que sustente un verdadero proyecto de universidad cuyos fines estén acordes con las necesidades sociales, es decir, con las de la mayoría de la población. Esta universidad requiere urgentemente de profundos cambios radicales, entendido esto último en el sentido de que se requiere ir a la profundidad de la raíz de los procesos sociales y educativos; y la raíz es el hombre mismo; la sociedad misma. Por tanto, estamos hablando de la necesaria educación universitaria eminentemente humanista, ajena a toda concepción tecnocrática y mercantilista, propia del pensamiento único; o sea, el hegemónico o dominante. Es necesario luchar, entonces, por una verdadera autonomía universitaria, construida democráticamente por la comunidad universitaria. Todo ello pasa, obligadamente, por la apertura de espacios democráticos y de la construcción del pensamiento crítico, por ende, de una reforma universitaria democrática emanada de un congreso general universitario por el cual debemos pugnar cotidianamente.

Una reforma integral contemplaría necesariamente una modificación de la Ley Orgánica, la que a su vez, por ejemplo, incorporaría las figuras de plebiscito y/o referéndum para la remoción del rector o de cualquier funcionario universitario. De igual manera es necesaria la creación de la figura democrática de un verdadero Ombudsman para defender los derechos legítimos de los sectores de la comunidad universitaria. Lo que es imprescindible y urgente es la puesta en práctica de una auténtica auditoría para empezar a resolver los graves problemas de manejo discrecional y desvió de fondos financieros para fines aviesos y totalmente ajenos a las tareas sustantivas universitarias y sus prioridades académicas. También es necesario desmantelar los sindicatos “blancos” patronales y crear sindicatos autónomos, democráticos y combativos; crear un movimiento estudiantil representativo e independiente, y hacer del Consejo General Universitario una verdadera asamblea representativa democrática, sin tutelajes corporativos internos ni externos.

Por supuesto, una reestructuración de tal envergadura, también pasa por un proceso paralelo democratizador de la política en la entidad y en lo nacional, lo cual complica nuestras tareas políticas. Es necesario y apremiante modificar el actual modelo de desarrollo social neoliberal propio de un capitalismo salvaje y pugnar por un proceso de desarrollo sustentado en la justicia, la equidad social y la soberanía. Nuestra universidad democrática puede y debe contribuir a los necesarios procesos democráticos estatales y nacionales, a condición de su propia democratización.

Una Universidad democrática es deseable y posible, a condición de que haya realmente un esfuerzo colectivo, especialmente del pueblo trabajador democrático y del grueso de la comunidad universitaria. Construir una Universidad de tal naturaleza podría contribuir a hacer renacer la esperanza de una sociedad justa, un mundo mejor y realmente humanizado.

Guadalajara, Jalisco, 18 de febrero de 2010