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miércoles, 24 de febrero de 2010

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Uno de los efectos perversos de las políticas neoliberales en la educación...

Uno de los efectos perversos de las políticas neoliberales en la educación superior es el deterioro de la calidad académica, la anemia de la investigación científica, y el rechazo de miles de jóvenes, resultado del proceso privatizador. En la Universidad de Guadalajara (UdeG), a la violación de los derechos laborales de los trabajadores (reforma pensionaria y jubilatoria) se suma el negocio privado de la promoción “cultural”.

Recientemente la UdeG fue escenario vergonzoso de una disputa por el poder entre dos grupos: uno encabezado por Raúl Padilla López, y otro por Carlos Briseño Torres, quien fue destituido como rector. En este conflicto no hubo ninguna propuesta de desarrollo académico, ni de reforma universitaria democrática. Todo se redujo al manejo discrecional de casi ocho mil millones de pesos, sólo superado por el presupuesto del gobierno estatal..

Este conflicto, que algunos expertos en educación superior tipifican como un pleito entre mafias, es el mayor escándalo en las últimas dos décadas, a éste antecede el del inicio del rectorado de Padilla López (1989–1995), cuyo poder caciquil se consolida con base a la corrupción y un neocorporativismo–autoritario (sindical y estudiantil), y en la sumisión del Consejo General Universitario, asfixiando las tareas sustantivas universitarias.

El Frente Ciudadano y Universitario por la Defensa de la Educación Pública, demanda la solidaridad de la comunidad universitaria nacional para la democratización de esta universidad. Las universidades públicas no deben estar sujetas al mercado ni a los intereses de un cacicazgo. Exigimos que se haga una auténtica auditoría federal y estatal a las últimas administraciones; la apertura de espacios para los miles de estudiantes; y, especialmente, un congreso general para una reforma universitaria integral cuyo único fin sea estrictamente elevar la calidad académica para beneficio del pueblo jalisciense.


Responsable: Román Munguía Huato. Profesor–investigador

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A quién sirven los Dirigentes de la FEU

Por Gilberto Pérez Castillo

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) sustituyó hace 16 años a la decadente Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) pero replicó varios de los vicios de la organización estudiantil que desplazó.

Tal vez el vicio más claro que la FEU le copió a la FEG es el de que ambas realmente nunca fueron organizaciones de verdadera representación estudiantil, sino un órgano de control de los estudiantes al servicio del Grupo Político que controla a la Universidad de Guadalajara.

Una prueba clara de que la FEU no es realmente una organización preocupada por los derechos de los estudiantes, sino un instrumento de control político es que todos sus ex Presidentes han acabado cobijados en la estructura burocrática de la Universidad de Guadalajara, como premio a sus servicios prestados.

Actualmente, todos los ex Presidentes de la FEU han cobrado con alguna beca en el extranjero y cobran en la generosa nómina de la Universidad.

Por eso no vemos a los Dirigentes de la FEU realmente abanderando los derechos y las demandas de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, sino cuidando los intereses del Grupo Político al que pertenecen y al que sirven.

La siguientes es la lista de los ex Presidentes de la FEU y su actual cargo en la Burocracia Dorada de la Universidad:

Lorenzo Ángel González Ruíz es actualmente Coordinador General de Servicios a Universitarios.

Felipe Oceguera Barragán es actualmente Coordinador de Servicios Estudiantiles.
José Alberto Castellanos Gutiérrez es actualmente Rector del Centro Universitario del Norte.
Leopoldo Pérez Magaña es actualmente el Director de la División de Estudios Sociales y Económicos del CUCOSTA. APARTE ES EL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Ricardo Villanueva Lomelí es actualmente Coordinador General de Patrimonio


Según el diccionario de uso del español de María Moliner:
Cacique: autoridad abusiva en una colectividad; particularmente, el que en un pueblo se hace dueño de la política o de la administración, valiéndose de su dinero o influencia.
Caudillo (del sup. lat. «capitellum», por «capitúlum», cabeza) ­m. *Jefe que dirige y manda gente, particularmente en la guerra. Þ Cabdellador, cabdiello, cabdillo, conductor, cónsul, ductor, jan [kan o khan]. Ó Cabdal. Ó Alzar bandera. Ó Deseguir, alzar sobre el pavés, seguir. Ó Acaudillar, descaudillar. Ó *Dirigir. *Jefe. *Soberano. ¤ («El») Se aplicaba a Francisco Franco, jefe del Estado español de 1939 a 1975.


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Un grupo de poder local - Román Munguía Huato

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH)-UNAM

Segundo Encuentro de Auto-estudio de las

Universidades Públicas Mexicanas

9 Febrero del 2005

 Mesa 3: Gobernabilidad universitaria



Un grupo de poder local

La Universidad del escándalo. La estructura corporativa–autoritaria en la Universidad de Guadalajara (1989–2005).

Román Munguía Huato*




Todo es política

El presente contiene todo el pasado

Gramsci

Hay que criticar “el estrangulamiento de la vida intelectual de nuestras aulas por jerarquías académicas que no se legitiman por su actividad científica sino por su astucia burocrática...”
Eduardo Subirats



I. En el libro Los compromisos con la Nación 1 –una compilación de textos de escritores, intelectuales y políticos, algunos de ellos pertenecientes al entonces llamado Grupo San Ángel, encabezado por Carlos Fuentes­– podemos leer la conclusión interesante de uno de los ensayos:

Una de las dimensiones más severas y amenazantes de nuestra crisis de fin de siglo es el agotamiento de nuestro modelo de política cultural y educativa. En las últimas décadas, junto con la crisis de la economía y el estado interventor, también han entrado en crisis la cultura y la educación. Por ello, al igual que las estrategias productivas nacionales y al igual que la organización de nuestra vida política, nuestras instituciones educativas y culturales también requieren de una urgente y profunda renovación.

Llevar adelante esta renovación implica un esfuerzo social de dimensiones formidables; supone, por decirlo en forma definitiva, un impulso cultural fundacional similar al que hizo el régimen surgido de la Revolución, cuando se propuso la constitución de un soporte educativo básico para consolidar espiritualmente la formación del Estado y la integración de la nación.

Esto nos impone asumir las responsabilidades del presente y reconocer que el futuro se construye desde ahora. Sólo así podremos acceder a niveles de desarrollo más elevados y brindar mejores expectativas de bienestar, justicia y democracia para nación.

Esta reflexión que compartimos plenamente y podría haber sido escrita por cualquiera de los estudiosos críticos sobre temas educativos y culturales, fue propuesta por el entonces rector de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla López, quien por esas fechas concluía su rectorado2. Al margen de la autoría real del texto, lo importante aquí es señalar el foro constituido por notables intelectuales y políticos de signo ideológico y político diverso, desde Carlos Fuentes, pasando por Lorenzo Meyer, Jorge G. Castañeda, hasta la líder magisterial Elba Esther Gordillo, Santiago Creel y Vicente Fox. Esto nos puede dar una idea del círculo de relaciones políticas que Padilla López ha venido tejiendo desde finales de los años ochenta y, especialmente, durante su rectorado (1989-1995). Por supuesto, una cosa es la retórica grandilocuente demagógica del texto y otra muy diferente la práctica que contradice tan loables propósitos políticos, pues ahí se habla de renovación, justicia y democracia, conceptos cuyo contenido están totalmente alejados de los hechos cotidianos que se viven dentro de esta institución.

Hasta el día de hoy, Padilla López, mantiene un poder casi absoluto en la Universidad de Guadalajara. Este poder tiene y reproduce los rasgos de un verdadero cacicazgo político, lo que nos obliga a tratar de comprender en que consiste una de las estructuras de poder universitario más importantes en el país y sus formas de funcionamiento. Esta universidad, desde principios de los años sesenta empezó a ser objeto de escándalo público, la década de los setenta fueron años convulsos y esto significa que las prácticas corporativo–autoritarias se imponían con métodos violentos intramuros y extramuros; pero, a partir de los años noventa los escándalos generados por las autoridades universitarias se han vuelto cosa cotidiana en la opinión pública y en la sociedad civil. Muchos de estos escándalos obedecen o tienen su origen en este liderazgo caciquil que ha hecho de la universidad algo más que una institución educativa, pues se ha constituido como una especie de botín patrimonialista personal, familiar y de camarilla.

II. En la introducción a su libro Educación, poder y biografía, Carlos Alberto Torres cita a Apple y Weiss: “No podemos comprender plenamente la ubicación de nuestras instituciones educativas dentro de una configuración más amplia de poder económico, cultural y político, a menos que intentemos examinar las diferentes funciones que cumplen en nuestra desigual formación social” 3. En efecto, como bien dice Torres: “Considerar el poder en términos de relaciones nos permite identificar diferentes recursos de poder, así como la relación entre poder y educación. La educación como institución, y como dimensión de la vida material y simbólica, también puede verse en términos de relaciones” 4. Las relaciones entre educación universitaria y poder son variadas y complejas; pero esto no impide que podamos percibir ciertas formas de control muy visibles dentro de los espacios educativos superiores en tanto que las instituciones universitarias también se constituyen como aparatos de poder estatal. 5

Si queremos ejemplificar lo que hace posible la existencia reproductiva de las relaciones entre una institución universitaria y el poder estatal tenemos que abordar el análisis de lo que da sustento a esta relación y una de las mediaciones políticas lo constituyen los factores de poder real intrainstitucional, como lo es el caso del grupo de poder en la Universidad de Guadalajara.

Los laberintos del poder universitario, la forma en la que se ejerce el poder en los centros de educación universitaria nacionales, es una cuestión, a mi juicio, escasamente estudiada por los analistas expertos en problemas educativos o por los llamados politólogos. Las diversas formas de gobierno de estas instituciones se ejercen a través de mecanismos formales, legalmente aceptados, pero también a través de mecanismos encubiertos o soterrados, ilegales e ilegítimos que funcionan como correas de trasmisión del grupo o de los grupos de poder encargados de mantener la estabilidad política en los centros educativos para imponer las políticas decididas por la tecnoburocracia en las altas esferas del poder estatal.

Podemos definir a los grupos de poder local como aquellas asociaciones u organizaciones, con liderazgo personal o de camarilla, que detentan un control hegemónico sobre una determinada comunidad de personas o subgrupos localizados territorialmente en un espacio social, sea éste económico (empresarial), político, ideológico, cultural, religioso, educativo, laboral (gremial-sindical), multimediático, etcétera, subordinados directa o indirectamente a un poder oligárquico local, generalmente representativo de una burguesía local. Estos grupos mantienen cierta autonomía dependiendo de la magnitud de su propia fuerza política derivada, a su vez, de una determinada correlación de fuerzas en movimiento o en equilibrio inestable. En cierta forma, estos grupos de poder local son representativos de lo que se conoce como grupos de presión, grupos de interés o grupos de referencia, definidos como organizaciones que, sin ser formalmente políticas (partidistas), ejercen notable influencia sobre la política local (regional-estatal), orientándola a favor de los intereses u objetivos por ellas representados 6. Estos grupos constituyen parte orgánica de la elite de poder local.

¿Por qué estudiar un grupo de poder universitario? Quizá sea obvio el interés académico que despierta el estudio de la particularidad que asume una forma de poder político local, pero desde cierto punto de vista debemos considerar relevante que una determinación de la profunda crisis universitaria, especialmente la de naturaleza académica, también tiene su origen en las formas de gobierno y reproducción del poder intrainstitucional, pero además es necesario si pretendemos esclarecer las causas estructurales y superestructurales que dan origen al problema de la crisis de gobernabilidad universitaria para encontrar las alternativas que den cauce a los necesarios y deseables procesos de transformación gradual o radical de los mecanismos autoritarios hacia un modelo de desarrollo universitario sustentado en una verdadera autonomía democrática con base al consenso y al disenso puesta en práctica por la comunidad universitaria entera. Corresponde “a maestros y estudiantes –dice Hugo Aboites– reivindicar algo fundamental, histórico, pero tremendamente estratégico en este momento: la autonomía. La autonomía significa que esa búsqueda debe estar ajena a la lógica del mercado y también de la política. Investigar, difundir y formar generación tras generación en la perspectiva del conocimiento útil para toda la sociedad. La agenda de los universitarios es finalmente la de los universitarios, no de las cúpulas (empresariales) o de los tratados (comerciales)” 7.

En este sentido, el análisis de “la gobernabilidad universitaria entra en escena”, diría Eduardo Ibarra y Norma Rondero; es cierto que “hay esfuerzos significativos que abordan distintas áreas problemáticas de la educación superior, como pueden ser el financiamiento, la rendición de cuentas y los procesos de evaluación, el comportamiento de la matrícula estudiantil, las relaciones laborales, y la vinculación de la universidad con la empresa y la sociedad, por señalar sólo algunos” 8, pero también es cierto que faltan esfuerzos por comprender la naturaleza de las relaciones políticas al interior de las universidades. “Quien crea que la universidad es aún centro de información al servicio de los individuos y del conjunto de la sociedad no tiene idea de lo que sucede en ella. Nuestra universidad es hoy una fábrica productora de absurdo, con una estructura de tintes mafiosos y un alumnado disuelto en una agregación caótica de ambiciones y temores. Existen claro está, focos de resistencia que pretenden restablecer la autonomía crítica ante lo dado y que combaten redes de poder e intereses. Pero son, todavía, demasiado pocos” 9. La cita anterior se refiere al caso español, pero, lo cierto es que no son muchas las diferencias en cuanto a los principales problemas que agobian a las universidades peninsulares y a las mexicanas.

III. El panorama actual de las universidades públicas mexicanas es un fiel reflejo de la situación nacional. La profunda crisis universitaria es una de las manifestaciones más visibles de la crisis social generalizada que padece la mayoría de los mexicanos. La crisis económica, política, social, cultural y educativa es resultado fundamentalmente de la actual política neoliberal gubernamental, especialmente la del gobierno federal encabezada hoy día por Vicente Fox y el régimen panista. Por supuesto, esta crisis también tiene sus orígenes varias décadas atrás durante los sexenios priístas.

El impacto del neoliberalismo en la educación pública es de magnitud catastrófica: profundo deterioro de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles escolares, deserción de alumnos, alto déficit de unidades educativas, rechazo de cientos de miles de jóvenes estudiantes en las universidades, aumento de colegiaturas, acelerada privatización gradual y relativa de la educación superior, incremento de las escuelas y universidades “patito”, rezago salarial y bajas percepciones monetarias del magisterio en general, complicidad entre las burocracias académicas, administrativas y gremiales, escasa investigación científica y una creciente reorientación a las necesidades empresariales, corrupción sindical, aviadurías, fraudes y saqueos financieros, canonjías burocráticas (de los altos funcionarios), etcétera.

Este panorama de constante degradación de la educación en México tiene como causas principales, por un lado, el aspecto económico en cuanto la reducción presupuestal gubernamental como parte de la política de disminución del gasto social acorde a los lineamientos neoliberales establecidos por los grandes organismos financieros mundiales –Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)–, por otro, la propia política de control corporativo estatal del grueso del magisterio nacional en todos sus niveles. El ejemplo más conocido es el nefasto corporativismo gremial representado por la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo añejo historial de “charrismo” sindical ha causado y sigue causando consecuencias desastrosas a la educación pública básica e intermedia. Los escándalos en este sector gremial están a la orden del día. Desde luego, habría que agregar a estas causas los problemas relativos a las cuestiones propiamente pedagógicas y didácticas.

Si algo ha permitido el avance de las consecuencias dañinas a la calidad educativa nacional por las políticas neoliberales es la regulación del Estado y de las directivas universitarias sobre los maestros bajo formas de control corporativo. Esto ha contribuido a mantener un férreo control salarial necesario a la reducción del gasto estatal destinado a la educación y también al sentido ideológico de los contenidos pedagógicos en el sentido de incidir en el sistema educativo para inculcar el espíritu empresarial acorde a la nueva lógica del mercado “globalizado”.

La responsabilidad de los gremios de trabajadores universitarios corporativos y neocorporativos en el proceso de perdida de calidad académica es bastante significativa, pues el papel que juegan dentro del marco del sistema educativo es de sumisión y de contubernio con las autoridades gubernamentales y  universitarias –Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)– para la puesta en escena de los mecanismos económicos, políticos e ideológicos neoliberales.

Sin embargo, estas formas de control corporativo-autoritario sobre la planta docente y de investigadores emanan de una determinada estructura de poder. Por supuesto hay instituciones donde estos mecanismos no funcionan de esta manera, sea porque existen sindicatos independientes y democráticos, sea porque los lazos corporativos, verticales y de control sobre los académicos no son tan rígidos. No obstante, podemos plantear la hipótesis de que en las universidades públicas existen estructuras de poder bajo diversas formas de un centralismo burocrático-autoritario. Esta premisa significa que en las instituciones educativas superiores del país en la práctica son inexistentes los mecanismos de gobierno democrático. La presencia de cúpulas, camarillas, grupos, “mafias”, elites burocrático-administrativas-académicas, forman parte de la vida política de las universidades mexicanas. Una radiografía del poder político de las instituciones de educación superior (IES) nos  mostraría la presencia de ciertas estructuras de poder vertical, cupulares y no democráticas 10. En un país cuya historia política moderna está basado en el autoritarismo bonapartista y donde el poder político dominante las estructuras y formas corporativas autoritarias forman parte de su vida cotidiana, es natural que la reproducción del poder en todos los poros de la sociedad asuma los rasgos más característicos de ese desenvolvimiento hegemónico de las clases dominantes directa o indirectamente a través del Estado y de otras instituciones sociales. Por ejemplo, las formas caciquiles no han desaparecido en las estructuras y funcionamiento del sistema político y prueba de ello es, precisamente, el caso de la UdeG.

IV. La Universidad de Guadalajara (UdeG) es la segunda en importancia numérica en el país. Cuenta con una población total de 200 mil 500 personas (181 mil estudiantes, 12, 412 académicos y 7 mil administrativos), aplica 337 programas docentes y ejerce un monto financiero total de 3 mil 658 millones de pesos (en el año 2002). Su página de internet ofrece una historia de la institución y que como toda historia oficial se ha reescrito acorde a la visión del monopolio del poder que se asienta desde la gestión de lo que podemos denominar el padillato. Es en ese periodo donde ocurren cambios normativos, administrativos y, especialmente políticos que darán una nueva fisonomía a la universidad. La misión de la UdeG 11, según la visión oficial, es un conjunto de propósitos y objetivos generales, tan loables que podemos compartirlos, que no se distingue en esencia de los que manifiesta cualquiera de las instituciones educativas particulares del país 12. Se trata de desvanecer cualquier ropaje ideológico-político que comprometa una función social universitaria ajena a los tiempos actuales de la modernización educativa que va imponiendo la tecnocracia neoliberal. Los acomodamientos ideológicos de la cúpula universitaria tratarán de estar acorde, entonces, a las políticas gubernamentales dentro del juego de las complicidades y arreglos de la institución con el Estado.

Un aspecto interesante de la misión universitaria es que la propia institución dice garantizar “la participación de la comunidad universitaria en la elaboración y determinación colectiva de las políticas, planes y programas orientados al logro de sus fines, el desenvolvimiento de las actividades inherentes a sus funciones académicas y de servicio social y al cumplimiento de sus responsabilidades con la sociedad”. Esta premisa política, dadas las condiciones existentes en las que se toman las decisiones de mayor peso y trascendencia, sean académico-administrativas, financieras o laborales, es absolutamente discursiva porque en la realidad prevalecen los mecanismos que restringen los espacios y la participación de la comunidad en los asuntos relevantes. Un ejemplo de ello es que la designación del jefe de departamento no pasa en lo absoluto por la decisión del pleno de los profesores adscritos al propio departamento sino que es una atribución más del rector del centro.

Para las autoridades de la UdeG el proceso de cambio o de modernización institucional se inicia el primero de abril de 1989 con la rectoría de Raúl Padilla López. El rector Víctor Manuel González Romero, sucesor de Padilla López, afirma en una ponencia de que una de “las razones del cambio” es:

la sobrepolitización e ideologización extrema de los ‘formandos’ en las universidades públicas incompatibles con lo que ocurría en el escenario productivo... Dentro de los muros de la Universidad se reproducía un esquema de pensamiento, una ideología dominante, pero afuera el sector productivo no quería saber más de eso (...) a la llegada de la nueva administración (de RPL) se ocasiona una fractura política al interior de la institución. Si alguien le interesa profundizar en este proceso de cambio, les recomiendo la lectura de la tesis doctoral del actual vicerrector de la Universidad, el doctor Misael Gradilla. El Juego del poder y el saber, editado por El Colegio de México. Es una tesis muy interesante para entrar a profundidad en el análisis sociológico, el proceso de cambio de una estructura compleja. Se da una ruptura; llega un grupo que maneja un discurso novedoso frente a los grupos consolidados en el poder durante varas generaciones de dominio al interior de la institución, grupos muy ligados al partido en el poder, que tenían cuotas de representación en la cámara de diputados local, en el Congreso de la Unión, tenía una hermandad más o menos clara en el aparato político del partido en el gobierno, con el sector gubernamental y en el esquema de formación de cuadros políticos en las representaciones estudiantiles y el manejo del conocimiento, del poder, del saber, a partir de la Universidad. Todo esto se rompe en 1989, cuando llega al poder un nuevo grupo con un lenguaje más fresco, que se introduce en las políticas y las grandes tendencias de cambio mundial; las percibe, las reconoce y las valida como una estrategia de desarrollo institucional. 13


En realidad, el cambio del grupo de poder se da más por un conflicto de intereses; intereses materiales que corresponden más a beneficios económico-monetarios, de poder, influencia, privilegios y prebendas, que por una pugna ideológica de un proyecto de universidad alternativa sustentada en principios democráticos y vinculada a las necesidades sociales de la población jalisciense. El nuevo grupo quizás podría hablar un lenguaje más fresco, pero no solamente se trataba de eso ni era lo más importante: el cambio de piel del grupo ahora hegemónico utilizaba un nuevo ropaje ideológico a la medida de las circunstancias políticas, pero las estructuras de control corporativo solamente cambiaron de propiedad. En su texto ¿De la reforma a la contrarreforma?, María Lorena Hernández Yáñez asevera que: “Mientras que el cambio estructural transformó radical y objetivamente el escenario institucional, la recreación de los órganos de gobierno resultó ser, a la distancia, un proceso ornamental, ya que el ejercicio tradicional del poder ha permanecido incólume (...) a la manera del despotismo ilustrado, auguraba el reforzamiento de la autoridad unipersonal ilimitada...”. 14

Desde abril de 1989 cuando se inició el trastocamiento del ejercicio del poder real en la UdeG ésta no ha dejado de ser objeto de escándalo público. Escándalo tras escándalo el hecho es que eventualmente la universidad es objeto de atención de la opinión pública derivado por un hecho violento, fraudulento, saqueo de recursos, disputas de poder interno, posicionamiento de “líderes universitarios” en organismos, partidos políticos o de representación legislativa, manejo de recursos financieros discrecionales, despilfarros, auditorias maquilladas, conflictos laborales, proyectos arquitectónicos y urbanos faraónicos, cambios de opinión “científica” acerca de problemas “ambientales” de forma oportunista,  etcétera.

V. ¿Cómo se constituyó el nuevo grupo dominante en la UdeG? A raíz de la disputa del poder cuyo vencedor único fue el entonces rector general Raúl Padilla López, a principios de los años noventa su proyecto hegemónico fue consolidándose con una estructura neocorporativa fincada en cuatro grandes pilares: el Consejo General Universitario (CGU), el “sindicalismo blanco” (Asociación del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara [APAUdeG], ahora denominado STAUdeG, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara: SUTUdeG), y finalmente, pero no menos importante, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Cada uno de estos cuatro elementos constituyentes orgánicos de la estructura de poder cumplen tareas distintas en el marco de una división del trabajo político bastante eficiente en el control y subordinación de los segmentos de la comunidad universitaria. Todos son muy importantes en su papel corporativizante y es difícil definir a uno de ellos como el elemento decisivo, pues todo depende de que proceso político estemos hablando; sin embargo, por razones de carácter estructural es el CGU el que asume un rol de cierta preponderancia porque constituye un espacio determinante donde concurren los agentes operadores efectivos de los mecanismos políticos y que confieren, supuestamente, legitimidad a las decisiones y acciones de la administración burocrática central. Los representantes principales de cada uno de estas unidades operativas forman parte de un círculo de poder que gira en torno al llamado “jefe nato” o “caudillo”, como le denomina Hernández Yáñez a Raúl Padilla López.

La estructura de este nuevo edificio político vino a reemplazar en gran parte a las viejas y anquilosadas estructuras de poder corporativo que durante décadas funcionó adecuada y paralelamente a las estructuras de poder del régimen político dominante priísta. El denominado Grupo FEG–Universidad detentó cuando menos durante tres largas décadas un poder corporativo sustentado principalmente en la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), fundada en 1948; es el grupo de poder encargado de mantener el control y la disciplina política sobre la comunidad estudiantil; reprimiendo a los grupos estudiantiles de oposición con algunas bandas de porros. Este grupo de poder estaba encabezado por Carlos Ramírez Ladewig, cuyo liderazgo había iniciado a mediados de los años cincuenta aunque sin ocupar ninguna representatividad formal universitaria. Este grupo se constituía con base a pequeños, medianos y grandes feudos cuyos jefes principales eran o habían sido en su mayoría presidentes de la FEG. Con el asesinato en 1975 de Carlos Ramírez Ladewig (un crimen de Estado atribuido al presidente Luis Echevarría) se inició el ocaso político de este grupo cuyo heredero directo fue el ingeniero Álvaro Ramírez Ladewig, hermano de Carlos, quien también sin presencia formal en la institución mantuvo durante poco más de una década la unión de los poderosos feudos. En 1988, con el ascenso del Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, también ascendía al poder universitario como rector general, por decisión personal de Álvaro Ramírez, el expresidente de la FEG (1977–1979), Raúl Padilla López, quien, desde entonces –salvo el tiempo que duró el conflicto entre el Grupo FEG–Universidad y el grupo padillista– ha mantenido el poder casi absoluto en sus manos.

La historia de la UdeG en los últimos tres lustros está asociada, desde luego, al control político de Raúl Padilla López (RPL) ejercido a través de diversos mecanismos corporativos–autoritarios. Este poder absolutista, más concentrado que el que algún día pudo detentar Carlos Ramírez Ladewig, ha hecho de RPL el cacique y el poder tras el trono; en esta universidad, por así decirlo, no se mueve una hoja sin su consentimiento. Este poder le ha permitido amasar una fortuna dineraria y  también a través de una densa red de relaciones políticas, sociales, económicas y culturales ha podido imponer sus proyectos megalómanos (Feria Internacional del Libro (FIL), Festival de Cine Mexicano, Centro Cultural Los Belenes, Teatro Cine Diana, etcétera) que están concebidos más como empresas capitalistas que como iniciativa cultural-universitaria.

En esta universidad semifeudal la voluntad de RPL es hegemónica y cuenta con un vasto séquito palaciego (intelectuales, escritores –Fernando del Paso, en su momento Juan José Arreola, Emmanuel Carballo– operadores políticos, funcionarios universitarios, etcétera), que aunque algunos se constituyen como emisarios importantes de sus decisiones (las de RPL) y cuentan con su parcela de poder, no disponen de autonomía política. La dinastía del Padillato se hace visible con la actual rectoría general en manos de su hermano menor José Trinidad Padilla López, también en su momento presidente de la FEG. El tejido de relaciones e influencias con intelectuales, escritores (Elena Poniatowska, Carlos Monsivais, Héctor Aguilar Camín y Carlos Fuentes, especialmente) y políticos de la ciudad de México también le ha permitido ampliar su cobertura de poder a este grupo.

Desde su inicio este grupo trató de legitimar su poder y representatividad con la comunidad universitaria pero nunca ha tenido el aval ni la confianza del grueso del personal académico, administrativo y de la mayoría estudiantil. La disputa por la institución del grupo padillista fue por apoderarse del control de los cuantiosos recursos financieros y nunca por un proyecto político de una nueva universidad cuyo espíritu educativo y cultural fuese muy distinto al modelo anterior. Al contrario, se trataba de “modernizar” los esquemas corporativos y autoritarios con base a un modelo académico de estructura departamental copiado a la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo arquitecto–operador contratado fue a el subsecretario de Educación salinista Gilberto Guevara Niebla.

Todos los atrasos, males, conflictos y contradicciones del modelo educativo neoliberal que agudizan los problemas seculares de las universidades públicas mexicanas como el burocratismo, el centralismo, la discrecionalidad del manejo presupuestario y su saqueo voraz, el corporativismo sindical, las relaciones clientelares, la simulación académica e investigativa, la sumisión y la abyección a las autoridades, el fraude y la irracionalidad, la corrupción, el compadrazgo y el amiguismo, la mediocridad, el despilfarro, la catapulta universitaria hacia el poder gubernamental,  se reproducen ampliamente en la UdeG con el caciquismo padillista. Estamos hablando de un grupo monolítico que interviene además en la vida política local, es decir interviene como grupo de poder local y estatal a través de sus múltiples operadores extramuros universitarios en partidos políticos, sindicatos, colegios de profesionistas, niveles de gobierno municipal y estatal, voceros periodísticos, televisivos, organismos no gubernamentales. Es través del PRD municipal y estatal, en manos de RPL desde 1997, que se han podido tejer redes y alianzas políticas con políticos de otros partidos para sumar fuerzas que obedecen intereses coyunturales. RPL ha tenido intenciones de ser gobernador de Jalisco, pero no ha tenido la fuerza suficiente ni el partido para lanzarse a una campaña de esas proporciones, y en el plano partidista a lo que único que ha llegado es a diputado local perredista (1998-2001). El grupo ha tenido tres diputaciones federales alternadas (Mara Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y José Antonio Magallanes).


En Guadalajara existen varios grupos de poder: 1) la Iglesia conservadora y sus asociaciones civiles, 2) el viejo aparato sindical corporativo cetemista y croquista (el charrismo sindical que no ha perdido mucha fuerza local), 3) el propio aparato gubernamental en manos del PAN, 4) los medios de comunicación (prensa, radio y televisión; Televisa de Occidente, especialmente), 5) las universidades privadas, aunque con espacios y cuotas de poder más restringidos (los Tecos de la UAG, por ejemplo, son editores del periódico Ocho Columnas), a  la Panamericana se le asocia con el Opus Deiexiste una dosis de verdad cuando se dice que algunos de estos grupos están o estuvieron ligados al narcotráfico, pero como es de suponerse, ésta afirmación, por razones obvias, es difícil de verificar plenamente–,  pero el más poderoso, 6) es la oligarquía empresarial, con sus organismos gremiales (cámaras, consejos, etcétera). A ellos se suma 7) el Grupo Universidad que se constituye como un grupo de presión y de interés que ha tomado a la institución educativa como botín económico y político, pues cuando desea expresar públicamente su fuerza puede sacar a la calle a decenas de miles de acarreados estudiantes y profesores de manera corporativa. RPL mantiene una amplia esfera de influencia político-ideológica en los principales medios de comunicación; por ejemplo, tiene diversos programas televisivos editados por la UdeG, cuyo costo económico es muy alto, sin que esto signifique ninguna prioridad académica, causando críticas en la opinión pública por este despilfarro; mantiene en casi todos los diarios escribanos de su sequito palaciego, portavoces de los intereses directos e indirectos del grupo.

Prevalece, pues, una estructura de poder piramidal en cuyo vértice superior se encuentra el cacique mayor repartiendo a diestra y siniestra premios y castigos a sus subordinados y operadores. La figura de círculos concéntricos piramidal del sequito cortesano da una imagen nítida y realista del entramado y los mecanismos operativos del grupo. La vieja consigna monárquica del Estado absolutista la puede parafrasear perfectamente RPL: La universidad soy yo. El primer círculo de poder lo integran los principales y viejos operadores padillistas cuyo número es alrededor de cinco miembros; este círculo inmediato le denominan el minisanedrín; el segundo círculo concéntrico es el llamado sanedrín, compuesto  por un poco más de operadores, y así, sucesivamente, hasta llegar a toda la red o nomenclatura del sistema.

Mucho se habla (vox populi) de una mafia en la UdeG y lo cierto es que bastante hay de ello; citando a Sergio Vilar, “La Universidad está gestionada según las relaciones simbólicas y económicas feudales: el trueque, o sea: ‘tu me das una cosa a mi, yo te doy una cosa a ti’, según ‘el ritornello’ de una celebre película italiana en la que se aludían a las practicas mafiosas napolitanas”. Francisco Garrido Peña sostiene que “la mafia es posiblemente un modelo interpretativo útil para entender la naturaleza del poder académico en la universidad española de hoy”. “Los grupos de poder y presión que se enmascaran tras las escuelas y academias persiguen la invisibilidad legal y la omnipresencia fáctica, en esto coinciden también con los métodos de la mafia. Como dice Guy Debord: ‘La mayor exigencia de una Mafia, allí donde puede estar constituida es, naturalmente, establecer que no existe” 15. Debemos aclarar que ciertos métodos mafioso–corporativos o viceversa no son invención de la administración padillista, venían tiempo atrás operando; lo que si podemos afirmar es que dichos métodos y técnicas se perfeccionan durante su administración adecuándose a los tiempos 16. Algunos de los rasgos corporativos–mafiosos, por supuesto, no son únicamente privativos de este grupo local; para algunos académicos críticos también en la UNAM surgen y se reproducen, al igual que en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) 17

En efecto, la practica clientelar–corporativa  de dar una cosa por otra, un quid pro quo, constituye un mecanismo muy eficiente para sostener toda la estructura de control corporativo sobre funcionarios, administrativos, docentes, investigadores y estudiantes. Esta estructura es muy funcional para poner en practica las políticas gubernamentales en materia educativa y laboral en las universidades públicas; por lo menos en la UdeG ha venido operando con mucho éxito, pues, entre otras cosas, el proceso neoliberal privatizador ha podido avanzar bastante desde los años noventa con la administración de RPL, después con la de Víctor Manuel González Romero y hoy día con la de Trinidad Padilla López.

La UdeG tiene mucho de universidad de papel, como ha formulado acertadamente Luis Porter la naturaleza de nuestras universidades públicas, pues esta condición está causando verdaderos estragos en los procesos de enseñanza–aprendizaje, en la investigación y en la difusión del conocimiento y la cultura. La universidad se está manejando más como empresa y patrimonio familiar y coto político que como institución educativa. Los criterios de designación de la mayoría de los representantes en los cargos de dirección académica obedecen más a criterios políticos que a los eminentemente académicos; es decir, la practica de fidelidad, sumisión y subordinación al jefe inmediato o al jefe máximo establece el orden jerárquico en la estructura de poder burocrática.

En definitiva, la UdeG se debate en el escándalo cotidiano en la opinión pública por toda una serie de perversidades implícitas a una estructura de poder de naturaleza corporativa caciquil excluyente de decisiones democráticas y consensadas por la comunidad universitaria entera. Una institución educativa carente de autonomía y de una misión social acorde a las necesidades de la mayoría de la población jalisciense.

VI y conclusión: Este ejercicio reflexivo responde además de un mero análisis de una realidad política al intento de búsqueda de las posibilidades de nuevos contenidos educativos sustantivos a una formación académica de naturaleza humanista, alejada completamente de la aplastante visión burocrática-mercantilista con su educación tecnocrática. El pensamiento crítico-radical, en el sentido propuesto por Ernst Bloch, presupone una condición ético-humanista que fundamente la reorientación educativo-cultural universitaria. Tenemos muy claro que esto es imposible de lograr si no impulsamos al tiempo procesos de transformación democráticos internamente en nuestras instituciones y externamente en la sociedad entera. Para nosotros el principio esperanza se constituye como algo vital para poder renovar aquellas instituciones necesarias a la transformación radical de lo cosa pública y, por ende, de lo social. Como bien señala Luís Enrique Alonso: “Es fundamental, para enmarcar la situación universitaria, referirse necesariamente al problema de la crisis de lo público. Si algo puede caracterizar la actual situación de la Universidad es porque traduce, en una versión corregida y aumentada, la política socioeconómica conservadora que arma nuestro modelo social. Por ello es necesario reflexionar sobre que tipo de universidad pública se está construyendo –o quizás destruyendo– de manera visible e invisible ante nuestros ojos” 18.

Hablar, entonces, de la cosa pública es hablar de lo político y de sus relaciones de poder, de ahí que, como bien dice María Esther Aguirre Lora en la introducción al libro de Claudio Bonvecchio, el mito de la universidad, “nos enfrentamos al problema del poder, de los conflictos de clase, del control del orden social en que está inmersa la universidad, y al papel político-ideológico que ésta juega en la sociedad” 19.  Las relaciones entre el Estado, la sociedad y la universidad forman parte orgánica de todo el cúmulo de contradicciones sociales que hace necesario continuar con los esfuerzos analíticos para comprender mejor dichas relaciones y dar respuesta cabal a los problemas derivados de estas relaciones. La cuestión educativa superior pública se ha constituido, desde hace buen tiempo, como diría hace más de un siglo Andrés Molina Enríquez., en uno de los grandes problemas nacionales. Las universidades están generando sus propios escándalos, especialmente la UdeG, porque no pueden sustraerse de los mayores y más perniciosos escándalos propiciados por el Estado mexicano 20. Únicamente faltan los videos que constaten más y visiblemente el sistemático derroche y las corruptelas de los altos funcionarios universitarios y sus círculos de poder.

Sabemos muy bien que para lograr e impulsar ciertos cambios en los contenidos académicos requerimos de una profunda reforma universitaria democrática, por lo que si queremos mejorar la educación universitaria para mejorar el país también es necesario cambiar el país si queremos cambiar a la educación universitaria. Una reforma universitaria necesaria y deseable en profundidad es posible si se parte de la transformación del país. El pensamiento de Marx sigue siendo tan vigente como cuando afirma que ”es necesario cambiar las condiciones sociales para crear un nuevo sistema de enseñanza; por otra parte, hace falta un sistema de enseñanza nuevo para poder cambiar las condiciones sociales”.



Enero del 2005

*Profesor investigador del Centro de Estudios Metropolitanos del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.
Quiero agradecer al Dr. Luis Porter la invitación a participar en este Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades Mexicanas y también al Dr. Hugo Aboites por sus observaciones críticas al borrador de este documento, igualmente al Dr. Imanol Ordorika por la referencia de acceso a sus trabajos sobre este tema.

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La universidad enlosprocesosde democratización

SECULARIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ANTIAUTORITARISMO

Los movimientos estudiantiles y magisteriales conforman una de las más antiguas y mejor arraigadas prácticas universitarias. Nacieron con el surgimiento de la universitas studiorum medieval. Continúan en nuestros días, después de nueve siglos de la organización primigenia del gremio de los intelectuales y algunos años menos de la primera cessatio que, en su propio contexto, tuvo todas las características de una huelga estudiantil, a la vez académica y política.

De carácter tan diverso en cada momento histórico como diferentes han sido las universidades desde 1088, los movimientos universitarios son parte inseparable del trabajo intelectual estructurado en la vida académica; además, han sido reflejo, vehículo y elemento clave de la incidencia de profesores, estudiantes e instituciones en la vida social. El primer movimiento universitario de que se tiene noticia fue estudiantil; ocurrió en Bolonia a mediados del siglo XII y condujo a los reconocimientos y privilegios que se negociaron con el emperador Federico I Barbarroja en 1158. El gremio boloñés constituía una universitas scholarium, comunidad de estudiantes, intensamente comprometida en la guerra de las investiduras: imperio y papado buscaban imponer sus propias formas de dominio político y control de la propiedad. Los universitarios de Bolonia, mediante la contratación de maestros y la constitución de colegios por naciones, habían comenzado a liberar al pensamiento y a la enseñanza de los muros catedralicios y monásticos. Irnerio, conocido también como Warnerio fue el maestro de los estudiosos de Bolonia, sin duda apoyados desde altas instancias del Sacro Imperio, para recodificar el derecho romano; más tarde harían lo mismo con el derecho canónico. El ámbito de lo jurídico —secular o eclesiástico— se revestía así con el prestigio de la razón y la sanción de la academia, y buscaba despojarse de toda interpretación teológica puramente religiosa o mística.
 
La legalidad y la legitimidad laicas y seculares de cada posición fueron aportaciones de los jurisconsultos universitarios.

En conflicto con el obispo y con el príncipe municipal por cuestiones de vida cotidiana en que a estudiantes inocentes se les aplicaron las leyes de represalia, el gremio se retiró del burgo cuyas otras corporaciones se beneficiaban y también abusaban de las necesidades de estudiantes y maestros. El regreso condicionado de la universitas a la urbe, y la perspectiva de nuevas huelgas, permitieron que el gremio (eso significa universitas) obtuviera, primero del emperador y luego del papa, protección, privilegios particulares y garantías de una cierta autonomía respecto de ambos poderes.

Poco después sucedería algo semejante en París mientras se desarrollaba la discusión de los universales, y en donde el rey y el papa competían por el apoyo de los teólogos que comenzaban a formular, desarrollar y expandir la ideología de la razón. Aquí, la cessatio que precedió a negociaciones de reconocimientos fue tanto de maestros como de estudiantes; los parisinos constituían una universitas scholarium et magistrorum, comunidad de estudiantes y maestros.

La profundidad y la agudeza que puede alcanzar el combate de los intelectuales por la autonomía de su trabajo frente al cetro y al báculo, se hicieron evidentes en París, entre otras cosas, con las sangrientas tribulaciones de Pedro Abelardo.

El primer movimiento universitario de América parece haber tenido lugar en Puebla en 1647, cuando el virrey a rzobispo Palafox y Mendoza, al aplicar su reforma educativa y eclesial, entró en querella con los jesuitas, que se ocupaban mayoritariamente de lo que hoy llamamos educación superior.

La corona y la iglesia españolas habían resuelto impedir a los miembros de la Compañía de Jesús extender su influencia intelectual, y limitar su participación en la educación. Por tal actitud virreinal y episcopal, los alumnos de los jesuitas —muchos de ellos hijos de empresarios coloniales o futuros cuadros de la administración novohispana— protestaron al inicio de un conflicto que duró seis años y concluyó con la virtual derrota del jerarca.

A fines del siglo XVIII hubo otros movimientos estudiantiles para protestar por la expulsión de los jesuitas y exigir que se anulara la orden de exilio que formó parte de las reformas liberales de Carlos III. Las manifestaciones de Pátzcuaro, Guanajuato y San Luis Potosí produjeron la ejecución de sesenta y nueve manifestantes.

Empresarios del agro, misioneros, académicos notables en la educación superior, en la investigación de las más diversas especialidades y en el desarrollo de tecnologías, los jesuitas iniciaron el discurso independentista y su docta fundamentación histórica y filosófica. Además, durante casi dos siglos formaron en sus propias aulas y en las de la Real Universidad de Nueva España, a todos los cuadros de la Colonia. Entre sus alumnos hubo un gran número de criollos que con el tiempo fueron jefes en las guerras de Independencia y de Reforma, y políticos notables desde los albores del México independiente hasta la lucha contra la Intervención Francesa y la restauración de la República. La derrota de los jesuitas al final del siglo XVIII fue victoria del primer liberalismo hispano sobre el cuerpo de

intelectuales organizadores de sociedad y estructuradores de ideología más poderoso y fecundo de la época. Los jesuitas derrotados representaban ciertamente a la razón, al pensamiento creativo, al desarrollo de las tecnologías y a la búsqueda de la autonomía política de las colonias, pero se oponían al libre cambio modernizador del imperio, a su apertura hacia las potencias protestantes, al alejamiento del “poder espiritual” de Roma.

En un recorrido por la historia reciente de las universidades de México, en el que nos detuviéramos sólo en la participación de universitarios en los movimientos sociales iniciados en 1910 y en la lucha por la autonomía en 1929, en el otro extremo tendríamos, cronológicamente, los movimientos encabezados por los estudiantes en 1968 y los de 1986 a 1990. Ninguno fue un acontecimiento local; encarnan dos de los momentos más relevantes del mundo universitario contemporáneo.

A lo largo de nueve siglos, algunas de las más diferentes revueltas universitarias han tenido en común su carácter secularizador y antiautoritario. Es posible rastrear un conjunto de movimientos universitarios que por espacio de casi un milenio han constituido una de las vías culturales necesarias, diríamos indispensables, para instaurar y desarrollar la secularización del conocimiento, para establecer y preservar la autonomía del trabajo intelectual respecto de los poderes políticos y religiosos, y para flexibilizar el conjunto de las relaciones políticas.

Si sólo eso pudiéramos hallar al estudiar esas revueltas de carácter, origen y contenido diversos, bastaría para calificarlas de democráticas o cuando menos para ubicarlas como fundamentales en el complejo de los procesos sociales democratizadores. Esto, desde luego, exige también el examen de otros elementos presentes en esas revueltas y en esos procesos, entre otras cosas porque es lo que permitirá hallar las particularidades de cada caso y matizar las generalizaciones académicas, políticas e históricas que constantemente sugieren.

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES, UNIVERSITARIOS, JUVENILES

En ciertos momentos, el estudiantado y la población universitaria en general conforman un grupo social particularmente sensible al autoritarismo y la reducción de espacios democráticos. En México, sus reacciones periódicas ante la agudización del despotismo político, por lo menos durante las últimas dos décadas del siglo XX, involucraron a la totalidad de las instituciones en que surgieron. Por ello, es frecuente que se les denomine no sólo “movimientos estudiantiles”, sino también “universitarios”.

Los movimientos universitarios adquieren trascendencia política cuando se hacen eco de malestares sociales.

Mitin de Javier Barros Sierra en reacción a la toma de San Ildefonso por el ejército


En 1968, en México la ciudadanía fue parte importante de la movilización y se habló de “movimiento estudiantil-popular”. Tampoco han faltado motivos para hablar de movimientos juveniles. En la década de 1960, en las latitudes más diversas del planeta se manifestó un malestar juvenil de grandes dimensiones y contenido muy complejo. Quienes teníamos en 1968 menos de treinta años, nacimos poco antes de la Segunda Guerra Mundial, mientras ella se señoreó de Europa y del sur del Pacífico, o poco después del estallido de la primera bomba atómica en Hiroshima. La intolerancia, las persecuciones y las matanzas masivas llevadas a cabo por los nazis y sus aliados, los holocaustos de Europa y Japón y después las guerras imperialistas de tiempos de paz en Argelia, Corea y Vietnam nos marcaron de manera indeleble y permanente. La paz, la convivencia, la justicia social, la igualdad los que se llamaban ideales de la democracia todo había sido anulado en los hechos, en los gobiernos, en la diplomacia, en el uso de las armas, en las palabras vacías de los políticos y en la cotidianidad de nuestra experiencia pública y privada. Nuestra edad exigía no sólo rebeldía y cuestionamiento, sino también alternativas. Entonces lo queríamos todo y de inmediato. Tuvimos que vivir los sesenta, en particular el 68, para darnos cuenta de que los intereses de los poderosos no se cancelan con los cuestionamientos y las rebeldías en su contra.

Teníamos mucho que aprender. Y la fuerza de las cosas nos llevó a aprender mucho. Debimos aprender a plantear nuestras ideas y nuestros requerimientos, a enfrentar la represión policiaca y militar, a desconfiar de las palabras de los poderosos, a organizarnos y a expresarnos ante la ciudadanía, a exigir diálogo con quienes no quisieron dialogar, a enfrentarnos —inermes y con un canto religioso y patriótico— a las bayonetas y a los tanques, a definir y a dar curso práctico a la generosidad exigida en el campo por la formación universitaria, a puntualizar nuestros planteamientos para la negociación e incluso a negociar y a fracasar en las negociaciones; muchos de nosotros aprendieron a ser perseguidos, aprendieron la prisión y aprendieron el exilio.

Los movimientos universitarios adquieren trascendencia política cuando se hacen eco de malestares sociales , los reflejan, los difunden, estimulan las explicaciones de sus causas y proponen soluciones. Su importancia es mayor si en ellos se reconocen fuerzas sociales dispares y dispersas, porque entonces llegan a anticipar otros movimientos sociales y cambios generales en diversos tipos de relaciones. Sin pretender exhaustividad, recordaré aquí algunos elementos del contexto social y político de los mov imientos estudiantiles de 1968 y 1986:


a) En 1968 había alcanzado su apogeo la “política de desarrollo estabilizador”, encaminada a acelerar la industrialización y a elevar las tasas de crecimiento económico y en especial las ganancias empresariales a que todo ello daba lugar. Hacía tiempo que el gasto público favorecía el lucro privado y que se habían reducido las inversiones de Estado en el campo y las destinadas al llamado bienestar social. Los salarios sufrían una fuerte contracción, el crecimiento agrícola casi se había detenido, el pago por los productos del campo era muy bajo y la migración hacia los centros urbanos se agudizaba. La dirección dada al desarrollo industrial impedía la absorción de la fuerza de trabajo excedente y por lo tanto promovía la emigración, y el ingreso no se redistribuía ni con justicia ni con eficacia.

Para mantener así un crecimiento económico, el control social había llevado a sus límites la tensión política. Los ciudadanos, corporativizados, no tenían posibilidades de expresión ni de organización independientes del poder. La oposición y la prensa también enfrentaban la constante reducción de espacios de expresión libre, y todos los movimientos sociales —obreros y campesinos, de maestros y otros profesionistas— eran reprimidos con sorprendente intensidad. Señoreaba las relaciones políticas una legislación penal aprobada durante la Segunda Guerra Mundial, no abrogada con la paz, y sólo aplicada para detener cualquier cuestionamiento. Acusados de disolución social o de otros delitos semejantes (asociación delictuosa, incitación a la rebelión), los presos políticos llenaban las cárceles del país.

Los estudiantes universitarios, por su parte, habían participado en movimientos combatidos y ahogados también con la violencia oficial en Chilpancingo (1960, 1967), Puebla (1962, 1964), Morelia (1963,1966), Culiacán y Durango (1966), Hermosillo, Ciudad Juárez y Chapingo (1967).

En la Ciudad de México, a finales de la década de 1950, un movimiento en el IPN culminó con la clausura definitiva de su internado estudiantil, su ocupación militar y el encarcelamiento de algunos de sus dirigentes. Al mismo tiempo, los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ahí aprendieron el valor de su empoderamiento relativo, obtuvieron la constitución del primer cogobierno escolar enteramente paritario y la participación o la exclusividad en el manejo de asuntos escolares como las publicaciones y la organización y administración de las prácticas de campo.

Todos los estudiantes capitalinos apoyaron los movimientos de maestros (1960) y médicos (1965) y fueron reprimidas sus manifestaciones de repudio a la invasión norteamericana de Cuba (1961) y de apoyo a la resistencia vietnamita (1965-1967). En la UNAM, en un movimiento interno, se formó el primer Consejo Estudiantil (1966), que organizó el rechazo de un nombramiento rutinariamente antidemocrático y la creación de una carrera policiaca, así como la exigencia del pase de un nivel de estudios ya aprobado al siguiente sin examen selectivo.

Algunas de estas movilizaciones se originaron en re ivindicaciones académicas; otras, en problemas institucionales, sociales o políticos de índoles diversas. En mayor o menor medida, el papel de la policía en la re p resión violenta, y de la prensa, la radio y la televisión en la estigmatización de los movilizados y sus ideas, fueron una de las constantes en la relación impuesta por el gobierno.

Sin embargo, ninguna de esas movilizaciones —universitarias o no— dejó de ser sectorial, restringida a su propio ámbito; ninguna consiguió que en sus exigencias, postulados, estrategias o acciones se reconociera el conjunto de la ciudadanía que cultivaba su rebeldía abiertamente o en silencio.

Hubo que esperar a 1968.

El Movimiento Estudiantil expresaría y aglutinaría entonces fuerzas dispersas. Su único postulado fue la libertad democrática de expresión, organización y lucha política, sintetizado en un pliego de seis peticiones. Éstas podían parecer coyunturales y puntuales, pero en el fondo entrañaban el cuestionamiento del sistema político y del régimen que lo mantenía en marcha. Desde el poder del Estado no podía emprenderse una discusión al respecto (menos aún pública, como los universitarios exigían que lo fuera), excepto si se aceptaba revelar y condenar el autoritarismo que constituía la estructura básica de la relación del gobierno con la ciudadanía.

Las seis reivindicaciones que el gobierno no deseaba ni mencionar, eran: liberación de presos políticos; derogación en el Código Penal del delito de disolución social; destitución de los jefes policiacos que dirigieron la represión contra los estudiantes y sus instituciones; desaparición del cuerpo de granaderos que la llevó a cabo y se convirtió en su símbolo; deslinde de responsabilidades por la represión y el vandalismo policiacos y castrenses; indemnización a los heridos y a los deudos de los muertos y desaparecidos en la represión.

Los gobernantes de entonces consideraron sin duda que sólo analizar esas peticiones retrataría la verdadera dimensión de su despotismo y pondría abiertamente en duda una legitimidad de por sí poco evidente. Nada más explica que el presidente haya llegado a proclamar el derecho del gobierno a defenderse de la ciudadanía. Así, imposibilitado para superar su incapacidad de entablar cualquier confrontación mínimamente democrática, el gobierno ahogó ese movimiento en sangre y persecuciones.

La forma en que surgieron y se expandieron los cuestionamientos formulados en el Movimiento de 1968, permitió que éste configurara una inusitada movilización de identidades sociales. Se encontró y se adoptó el nombre adecuado para designar situaciones hasta entonces vaga o insuficientemente definidas. El conjunto de sus acciones, pese al enfrentamiento cotidiano con los golpes, la prisión y la muerte, permitió a los movilizados ocupar, de manera poco usual por su amplitud y su profundidad, espacios sociales hasta entonces reservados a los rituales del poder y de la reproducción de las hegemonías.



La denuncia estudiantil siempre incluyó propuestas para la negociación y la apertura de salidas, pero éstas no podían ser decorosas para una autoridad acostumbrada a ser obedecida ciegamente, que prefirió la ira, el enceguecimiento y la sordera como final de un sexenio presidencial y el principio de otro.

Luego, con un estilo de gobernar apropiado al auge petrolero y a la reinstauración del “Estado de bienestar”, algunas exigencias del movimiento universitario fueron discreta, fragmentaria y gradualmente interpretadas y adoptadas por el poder. El régimen no transformó su esencia, pero a partir de planteos originalmente formulados en el movimiento, o que en las instituciones univerrsitarias habían alcanzado mayor resonancia, y ante las posibilidades de estallidos sociales aún mayores, optó por reducir tensiones, satisfacer parcialmente algunos reclamos y permitir el crecimiento de las universidades. Así reprodujo su legitimidad de manera suficiente en los ámbitos del trabajo intelectual.

Lo consiguió en parte —no sin otra masacre en 1971—, gracias a la llamada apertura (en que la oposición de izquierda conquistó la posibilidad de hacer política con menos riesgos de represión); a una libe ralización de la actividad intelectual y artística (con la que se logró que circularan más libremente las ideas, se multiplicaran publicaciones que antes hubieran sido censuradas y prohibidas; también se logró que la prensa ampliara sus márgenes de expresión y opinión, que el arte oficial fuera sometido a críticas creativas y dejara de predominar, que varias formas de marxismo quedaran incorporadas a la enseñanza oficial, etcétera); a la ampliación de los espacios para los jóvenes (entre ellos los universitarios, con la llamada masificación), y a la relativa democratización del sistema electoral (suavizando el despotismo contra el que habían luchado los estudiantes).

En algunas universidades de las entidades federativas y en algunas facultades y escuelas capitalinas se democratizó el régimen interno de gobierno cuando grupos y alianzas de la más variada gama de las izquierdas comenzaron a participar en la dirección institucional. Al aceptar como propia la responsabilidad de administrar y modernizar algunas instituciones adormiladas por la indiferencia del poder, por primera vez esta oposición pudo confrontar en la práctica su propia cultura política con la de las fuerzas que combatía.

Es significativo que, desde entonces, tanto en el discurso político oficial como en el de los llamados medios masivos y en el habla corriente, se hayan generalizado términos y expresiones que hace veinte años parecían patrimonio lingüístico casi exclusivo de los universitarios en movimiento.

También resalta el hecho de que a partir de 1979, cuando las izquierdas partidistas salieron de la semiclandestinidad, no pocos diputados (ex presos políticos encarcelados por participar en el Movimiento de 1968), hayan llegado a ocupar curules en la Cámara de Diputados, que uno de ellos haya sido candidato a la Presidencia, y que otros más fueran personajes de la oposición democrática aliada con la escisión del partido único.

Javier Barros Sierra: “Nunca en mi vida me he sentido más orgulloso de ser universitario como en esta fecha”

b) Aunque entre ellos hubo veteranos de las luchas de la década de 1960, la mayoría de los estudiantes y maestros movilizados en la UNAM a partir de septiembre de 1986, abarcó las generaciones integradas a la vida académica durante los últimos años de crecimiento de la década anterior y los que corrieron desde la crisis iniciada en 1982. En la universidad los sorprendió la máxima reducción de la política social (la “austeridad”, la “reordenación” y la “reconversión”), traducida en la restricción de posibilidades de ejercer derechos o, lo que es lo mismo, en la redistribución selectiva de los beneficios sociales a nombre de un “adelgazamiento” del Estado, con recesión, hiperinflación, especulación y devaluación monetaria que benefician a la empresa privada y a los acreedores internacionales en cuyo beneficio se diseñó la entonces nueva política económica.

El movimiento universitario de 1986, “contra la obvia resolución”, prolongado en el tiempo y en la acción política hasta el neocardenismo y las secuelas del proceso electoral de 1988, se inició como reacción contra medidas restrictivas adoptadas de manera sorpresiva y autoritaria. Tuvo, pues, la característica fundamental de todos los movimientos universitarios secularizadores y democratizadores. No dejó de cuestionar de manera sistemática, intensa y documentada los principios en que se sustenta el poder en México, y prácticamente todas las políticas gubernamentales de las dos décadas previas. Se sumó desde un principio —contribuyendo con nuevos argumentos— a propuestas de solución de la crisis, preconizadas por todas las fuerzas sociales excepto las gubernamentales y las empresariales. Entre sus logros más sobresalientes está el diálogo público al que no pudieron escapar las autoridades de la UNAM, y que fue transmitido por la radio y bastante difundido por la prensa y la televisión. Este triunfo político consistió más que nada en abrir hacia toda la ciudadanía el espectáculo inusitado de una exposición abierta de argumentos y propuestas formuladas, a menudo de manera brillante, por un grupo de gobernados ante sus gobernantes.

Por su parte, el diálogo público formaba parte de un espontáneo y vasto curso no escolarizado de ciencia política impartido desde la UNAM por los estudiantes y algunos maestros al resto de la ciudadanía. Sin duda, ese diálogo, en conjunto con todas las acciones del movimiento, marcó los acontecimientos posteriores que lleva ron a la derrota electoral, sobre todo en la Ciudad de México, del partido de Estado con la unidad más amplia de la oposición que se haya visto en el país. El diálogo público, que el poder estatal rehuyó durante dieciocho años con represión y muertes, tuvo que ser aceptado por el poder institucional en lo que fue la materialización de la exigencia más aventurada de 1968.

Por cierto, la insurrección misma y algunas de sus formas adoptadas por los diputados en la Cámara entre el 15 de agosto y el 10 de septiembre de 1988, tuvieron su antecedente en la protesta de los estudiantes contra la Rectoría y el apoyo a los re p resentantes del CEU en el auditorio Che Guevara de la UNAM, durante el diálogo público de enero y el Consejo Universitario del 10 de febrero de 1987.

El movimiento iniciado en 1986 logró que en él se reconocieran grupos sociales muy amplios, sobre todo de jóvenes e intelectuales. Puso en acción a más gente, durante más tiempo y en número mayor de espacios que cualquier otro movimiento social de oposición en muchos años. Logró echar atrás, al menos formalmente, las determinaciones autoritarias y restrictivas que le dieron origen, y se reprodujo a sí mismo logrando que se aceptara convocar un Congreso Resolutivo para definir la restructuración total de la más grande e importante institución pública de América Latina. Al interior de ella promovió y obtuvo la primera consulta democrática de su historia, en la que sus posiciones triunfaron abru m adoramente contra el poder institucional identificado plenamente con el gobierno. Esa elección universitaria tuvo lugar cuando iniciaba su recorrido por el país el sucesor del presidente, ungido por él mismo. No es posible dejar de tomar en cuenta, para cualquier análisis de la realidad mexicana de 1988, que ese triunfo electoral anticipó mucho de lo que sucedería en torno a las elecciones de julio del mismo año.

La movilización, el aglutinamiento y el triunfo electoral del estudiantado democratizador con su Consejo Estudiantil Universitario, del magisterio con el Consejo Académico Universitario y hasta cierto punto de los investigadores en Academia Universitaria (AU), anticiparon la movilización antigubernamental y descorporativizadora que caracterizó al movimiento democrático más importante de la sociedad civil en muchas décadas. Aquel movimiento universitario fue parte fundamental de ese complicado proceso que se apresuró con la rebelión de una parte del PRI y su alianza con los partidos políticos “paraestatales” y con la única izquierda que aún mantenía perspectivas de convocatoria. Sin el movimiento unive rsitario, el frente cívico que resultó de tal proceso no habría podido abrirse o bien habría tenido características muy diferentes de las que lo definen.

La puerta de la Preparatoria 1 destruida

La última fase de ese proceso, en que el Partido Mexicano Socialista fue empujado por sus militantes —muchos de ellos universitarios— a renunciar a la candidatura del expreso político universitario Heberto Castillo para adoptar la de Cuauhtémoc Cárdenas (ya apoyada por el Frente Democrático Nacional conformado por seis agrupaciones partidarias), tuvo lugar precisamente después de que el candidato visitó Ciudad Universitaria y ahí se celebró, con el CEU y el CAU, el mitin más importante de su campaña electoral, en el que llamó a desarrollar la cultura de la consulta democrática que acababa de instaurarse en la UNAM.

Esto no fue más que el reconocimiento de que el espacio de la movilización universitaria y las alternativas planteadas en él juegan un papel extremadamente importante en cualquier opción política democratizadora. En cuanto a la dinámica institucional previa a cualquier proyección nacional, lo más sorprendente fue que el movimiento estudiantil iniciado en 1986 alcanzó todos sus éxitos —nunca antes obtenidos así por ninguna oposición— desde su propio ámbito académico y planteando exigencias exclusivamente académicas, y que se hizo oír y aceptar suprimiendo casi todas las posibilidades de que el poder utilizara la violencia para acallarlo. Además, sin abandonar su propio ámbito, hizo evidente el carácter profundamente político de la vida académica y así se proyectó hacia el movimiento democratizador nacional del que fue contingente básico.

Este breve examen de dos movimientos universitarios mexicanos, el de 68 y el de 86-90, me conduce a las siguientes reflexiones: pese a que lo quería todo y de inmediato, pese a que casi aceptó ser exterminada, pese a que fue derrotada con las armas, el terror y la cárcel, la generación de 1968 contribuyó a que se estructuraran nuevas formas de relación política. En sus propias prácticas las había anticipado. Sin su acción y sin sus aportes a la lucha ideológica, habría sido imposible hasta la miseria caricaturesca de democracia y la participación ciudadana implantada con el sistema de la representación proporcional de los partidos opositores en las instancias políticas colegiadas y más recientemente con la llamada alternancia y sus orígenes dudosos y sus complicidades inconfesables. No deja de sorprender que muchos de los presos políticos del 68 y de antes, entre ellos bastantes universitarios, prácticamente salieron de Lecumberri para entrar a la Cámara de Diputados o para reintegrarse al desarrollo de las universidades mexicanas.

Las generaciones que participaron en el movimiento de 1986 y en sus secuelas y proyección parecen haber elaborado —quizá sólo de manera intuitiva y pragmática— una visión de la realidad y una capacidad para enfrentarla, que era imposible imaginar antes de que se pusiera en acción, y que parece muy distante de las formas tradicionales de hacer política de la izquierda: no se conformó con la denuncia, no excluyó la negociación ni el avance gradual, abrió espacios y formas de confrontación en los que ninguna oposición democratizadora se había aventurado, y expresó un inusual sentido de la posibilidad de victoria. Esa visión y esas capacidades se gestaron como cultura política a partir de la derrota de 1968 y de experiencias organizativas vividas por los universitarios, con posterioridad, en condiciones sociales más democráticas que las que se conocieron antes, y en los mismos ámbitos en que han permanecido vivos de distintas maneras las experiencias, los logros y las aspiraciones de veinte años antes. En marzo de 1988, escribí:

Tal vez con todo ello el movimiento actual anticipe, a su vez, nuevas formas de construcción de los consensos, de ejercicios del sufragio, de aceptación oficial de resultados y, quién sabe, de triunfos electorales más importantes que puedan conducir a cambios reales. En otras palabras, quizás una vez más los universitarios estén construyendo nuevos caminos y espacios para la democracia.

Pero pasadas las elecciones de 1988, consumada la imposición priista, el triunfo capitalino de 1997, el primer gobierno no priista y la imposibilidad leguleya de limpiar los comicios de 2006, además de las acciones zapatistas y de las campañas lopezobradoristas, la reflexión sigue pareciéndome válida, aun cuando algunas de sus previsiones quedan suspendidas por un periodo de duración incierta, durante el cual es posible que el espíritu antiautoritario de la movilización ciudadana no sólo no se extinga sino que se acentúe.

Siempre cabe preguntarse si las alternativas que aparezcan en el futuro serán de carácter democrático, si en ellas no predominarán el caudillismo mesiánico y la burocracia, si ésta no negociará a espaldas de sus representados. Independientemente de lo que suceda en las coyunturas universitarias y nacionales próximas, por cuanto a lo que considero una nueva actitud en los movimientos universitarios mexicanos, añado: todo parece indicar que desde 1986 hemos conocido —aunque aún no analizado ni interpretado— una globalización conceptual con su correspondiente praxis política opositora, construida por universitarios a partir de la vivencia intelectual en su ámbito inmediato propio.

Como no es algo que con frecuencia se presente de manera tan clara, hay que resaltar el hecho de que el proceso universitario interno aparece como fase imprescindible de la incidencia de la UNAM, mayoritariamente antiautoritaria, en el proceso democratizador generalizado.

Todo esto acontece en momentos en los que de ninguna manera está excluido un autoritarismo político moderno que suprime las posibilidades de recorrer caminos y diseñar y ocupar los espacios desbrozados por el movimiento. Si bien las amenazas del gran cacique de la CTM (“llegamos al poder por las armas, y si es necesario nos mantendremos en él con las armas”) no se cumplieron y la llamada alternancia se dio mediante asociaciones y complicidades entre el “nacionalismo revolucionario” y el conservadurismo heredado de los cristeros, al final de la primera década del siglo XXI el ejército está fuera de los cuarteles y no sólo reprime, sino que también controla las carreteras, abusa de la población, viola mujeres y asesina en la impunidad.

ALGO MÁS SOBRE MOVIMIENTOS UNIVERSITARIOS Y DEMOCRACIA

Las formas discursivas, organizativas y de negociación adoptadas por el Consejo Estudiantil Universitario desde finales de 1986 y hasta 1990, fueron totalmente diferentes de las que prevalecieron en los movimientos anteriores. Sus resultados durante más de un año de movilizaciones, discusiones públicas, elaboraciones programáticas, acuerdos internos y adopción de sus propuestas por la autoridad institucional, carecieron de precedente en la historia universitaria mexicana. Todas esas formas y todos esos logros contrastan sobre todo con los de 1968, cuando la movilización se hizo sin demandas académicas, y tanto negociación como desenlace resultaron de la violencia de Estado impuesta por el gobierno.

Lo que ha sucedido en tiempos más recientes llama a la reflexión sobre el papel jugado por los movimientos universitarios en la gradual democratización del sistema político mexicano y, en general, de las relaciones cotidianas, durante los últimos años del siglo XX (de los que hay que eliminar la experiencia disolvente, no universitaria, que propició el gobierno en 1999 y con la que no logró desintegrar a la UNAM).

Aquéllos fueron reflejo bastante fiel de la situación política del país; expresaron de manera global los más profundos malestares sociales; ofrecieron fundamentos teóricos y vías prácticas de solución para problemáticas que rebasan los muros institucionales: cuando algunos de sus planteamientos y reivindicaciones han sido asimilados convenientemente por el poder, a corto o mediano plazo han contribuido a la creación y a la expansión de nuevas formas de relación ciudadana. Además, han sido refere nte básico de la identidad social de vastos grupos generacionales no exclusivamente universitarios.

Hay que tener presente, sin embargo, que los movimientos democratizadores no han desterrado suficientemente la cultura política heredada de la era del “partido prácticamente único”.


“UNIVERSITARIZACIÓN” DE LA SOCIEDAD MEXICANA

Desde siempre, en México, la parte más importante del trabajo intelectual se ha iniciado y desarrollado en la universidad, y continuamente ésta le ha brindado estímulo y posibilidad de continuidad, ampliación y expansión. Es así como desde los albores de la primera universidad novohispana se comenzó a hacer ciencia y a crear tecnologías; se localizaron recursos naturales y se movilizaron la voluntad y la mano de obra para explotarlos; se ha organizado a la sociedad, a la nación, al Estado; se han definido los problemas nacionales, y se han diseñado y puesto en marcha proyectos para solucionarlos; se han estructurado ideologías, normas, nacionalismo, burocracia y gobierno; se ha hecho y se hace política gubernamental, gobiernista y de todas las oposiciones; se han puesto en acción las fuerzas del trabajo manual e intelectual; se han establecido otras universidades; se han conformado sensibilidades y emociones, consensos, cuestionamientos y rebeldías.

Los resultados del trabajo universitario de investigación, tan sólo en las que se ha dado en llamar disciplinas sociales y humanísticas, tienen una aplicación casi inmediata en los ámbitos más diversos: en todos los niveles de la enseñanza; en la formulación de las ideologías políticas, en la legislación y en la diplomacia; en la elaboración de los conceptos y valores que transmiten la radio, la televisión y el cine, y en las formas que sirven para su expansión y arraigo; en el trabajo de los artistas; en la publicidad y en los programas y discursos políticos y religiosos; en las obras literarias y en la ensayística con que se organizan ideologías dominantes, oficiales o alternativas.

Además, casi todos los egresados de la educación superior se convierten en cuadros bajos, intermedios y superiores de la administración empresarial y de toda la estructura estatal. Algunos se dedican a mantener la fuerza de trabajo y estructurar con la autoridad de la bata blanca la ideología de la relación del individuo con su cuerpo y su salud, y a conservar y reproducir las relaciones entre el poder y sus sujetos a través de la vigilancia y la aplicación de normas legales.

En nuestras universidades públicas, se crean y se amplían también los espacios de la creación artística, de su desarrollo, de su difusión. Desde la universidad, con sus estímulos, bajo su influjo, los artistas despliegan una creatividad de perspectivas semejantes, paralelas a las del trabajo científico.

Toda esta labor creativa, de síntesis y reproducción ideológica e institucional, explica la existencia de la universidad. La formación de profesionistas la ubica en las esferas de la cotidianidad social en que actúan e influyen: la elaboración de nuevos conocimientos, de nueva s formulaciones de los ya adquiridos, y todo lo que puede ubicarse como búsqueda y desarrollo en los terrenos del arte, proyectan a la universidad en una dimensión histórica global y la han convertido en eje fundamental e indispensable de todo proceso social cuyo marco sea la constante organización de la cultura.

La acción universitaria sigue incidiendo de manera fundamental en los procesos de formación de sujetos sociales, en la construcción cotidiana de la hegemonía y el consenso, en la crítica de las relaciones sociales y en la formulación de proyectos para el cambio y, de manera no menos intensa y eficaz, en la reproducción y la administración permanentes del sistema social. Es fácil advertir, pues, que la mexicana es una sociedad profundamente “universitarizada”.

El ejército se enfrenta a burócratas y estudiantes, 28 de agosto de 1968


¿MASIFICACIÓN O DESMASIFICACIÓN?

Aunque desde las universidades se han proporcionado elementos básicos masificadores de nuestra sociedad, también han contribuido de manera fundamental a la desmasificación.

Hoy, en gran parte merced a los movimientos estudiantiles, todo el mundo acepta que la universidad pública debe ser de masas. Evidentemente, en enunciados como éstos el vocablo masa tiene un sentido cuantitativo y es equivalente a muchedumbre: multitud, coincidencia involuntaria y temporal de una gran cantidad de personas en el mismo lugar.

No obstante, las masas no tienen que ser numerosas ni provenir de algún estrato socioeconómico en especial. La definición de masas como categoría descriptiva, analítica e interpretativa de las ciencias sociales, se centra en el hecho fundamental de que nunca constituyen una comunidad, pues quienes las componen carecen de lazos de solidaridad o de homogeneidad cultural: la masa es informe, despersonalizada, maleable. Una sociedad de masas se caracteriza porque en ella dominan mecanismos que regulan actitudes y conductas para hacerlos uniformes y sin especificidad, y para aislar a sus miembros aun en la mayor de las cercanías físicas. Desde luego, en toda sociedad se dan procesos de masificación: en la nuestra avanzan ve rtiginosamente. Pero hay espacios en los que ese avance es frenado de manera suficiente para que no lo abarque todo y para mantener posibilidades de desmasificación social relativa.

Los procesos sociales que se dan en los espacios universitarios, lejos de ser exclusivamente académicos, resultan en una desmasificación relativa dequienes tienen acceso a ellos.

Se ha deseado masificara la juventud en las universidades;éstas, por su naturaleza contradictoria, no han dejado de responder a tales designios, pero en su seno sigue desarrollándose la otra fase de lo que podríamos llamar dialéctica de la formación institucional de los intelectuales.

El proceso de desmasificación a barca de maneras diversas a toda la sociedad. Una de sus más importantes facetas sólo se desenvuelve en las universidades, cuyos miembros tienen, entre otras características, la de ser sus sujetos inmediatos y los agentes de algunos de los cambios culturales que ese proceso genera. Obviamente, éste no es unilineal ni están ausentes de él conflictivas sociales que lo hacen muy complejo. Podría incluso afirmarse que el precio que la sociedad paga para que pueda darse el proceso de desmasificación consiste en la contribución concomitante del mismo proceso al avance de la masificación.

La existencia misma de las universidades y de sus tareas definen su carácter desmasificador. Las posibilidades materiales que les otorgan las fuerzas sociales dominantes y las que van adquiriendo en las confrontaciones entre éstas y las subordinadas que van abriéndose camino; las formas que en la institución universitaria toman las relaciones académicas y el cumplimento de sus funciones específicas; la concentración y el contacto constante entre científicos, maestros y técnicos; las posibilidades de integración de estudiantes a sus procesos y las de su dedicación a la vivencia universitaria: todos éstos son elementos que definen el nivel de calidad y de adecuación con que nuestras instituciones cumplen sus funciones desmasificadoras.

Las características fundamentales de la formación social en que está ubicada cada universidad, determinan las maneras en que cada una contribuye a conservar la barbarie del dominio y a ampliar los espacios de la civilización.

Las contradicciones sociales, siempre presentes en la universidad, hacen también que el cumplimiento de su papel desmasificador se exprese en una contradicción particular, que hace de la actividad académica universitaria una fuerza política a la vez conservadora e innovadora, tendiente simultáneamente a mantener las inercias sociales, y a ser factor permanente de creatividad intelectual y de transformación social. Los movimientos universitarios son imprescindibles para tal transformación.

Por una parte, las universidades desmasifican a la sociedad contribuyendo a llevar el sentido común y el buen sentido a niveles más elevados y mejor estructurados de conciencia de la realidad. Por otro lado, contribuyen a la masificación porque pro p o rcionan los elementos del conocimiento que fundamentan y fortalecen la organización jerarquizada de las relaciones sociales y las concepciones dominantes, y porque forman los cuadros intelectuales y ejecutivos de la masificación. Además, porque sus miembros, en cualquiera de los ámbitos de la actividad universitaria, son motivados a actuar con base en los mismos valores dominantes que estimulan la masificación y precisan de ella.

La realidad universitaria es aún más compleja, porque en sus espacios de reflexión surgen también elaboraciones teóricas, cuestionamientos y concepciones opuestas a las dominantes, y se proponen opciones diferentes en todos los campos del conocimiento y del pensamiento creativo. Con ello se sustentan y se estimulan prácticas científicas, sociales y culturas políticas alternativas a las predominantes.

La universidad es uno de los pocos espacios sociales en cuyo interior la masificación puede reducirse y contrarrestarse.

Conjugadas, todas las acciones inherentes al conjunto de las funciones universitarias —obligatoriamente académicas pero no necesariamente formales ni profesionalizadoras— resultan en el complejo proceso social de desmasificación de todas las personas que participan de ellas y, por intermedio suyo, de los diversos círculos de vida social en que actúan; así, forman parte de la desmasificación global de la sociedad e imprimen en ella elementos sin los cuales ésta sería impensable e imposible.

Es precisamente este movimiento universitario, del que nacen los cuestionamientos y las alternativas. Sigue su curso aunque no haya movilizaciones. Sus resultados aparecen en la sociedad y en la cultura en el momento adecuado, a veces de manera espectacular pero casi siempre de manera imperceptible.