Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH)-UNAM
Segundo Encuentro de Auto-estudio de las
Universidades Públicas Mexicanas
9 Febrero del 2005
Mesa 3: Gobernabilidad universitaria
Un grupo de poder local
La Universidad del escándalo. La estructura corporativa–autoritaria en la Universidad de Guadalajara (1989–2005).
Román Munguía Huato*
Todo es política
El presente contiene todo el pasado
Gramsci
Hay que criticar “el estrangulamiento de la vida intelectual de nuestras aulas por jerarquías académicas que no se legitiman por su actividad científica sino por su astucia burocrática...”
Eduardo Subirats
I. En el libro Los compromisos con la Nación 1 –una compilación de textos de escritores, intelectuales y políticos, algunos de ellos pertenecientes al entonces llamado Grupo San Ángel, encabezado por Carlos Fuentes– podemos leer la conclusión interesante de uno de los ensayos:
Una de las dimensiones más severas y amenazantes de nuestra crisis de fin de siglo es el agotamiento de nuestro modelo de política cultural y educativa. En las últimas décadas, junto con la crisis de la economía y el estado interventor, también han entrado en crisis la cultura y la educación. Por ello, al igual que las estrategias productivas nacionales y al igual que la organización de nuestra vida política, nuestras instituciones educativas y culturales también requieren de una urgente y profunda renovación.
Llevar adelante esta renovación implica un esfuerzo social de dimensiones formidables; supone, por decirlo en forma definitiva, un impulso cultural fundacional similar al que hizo el régimen surgido de la Revolución, cuando se propuso la constitución de un soporte educativo básico para consolidar espiritualmente la formación del Estado y la integración de la nación.
Esto nos impone asumir las responsabilidades del presente y reconocer que el futuro se construye desde ahora. Sólo así podremos acceder a niveles de desarrollo más elevados y brindar mejores expectativas de bienestar, justicia y democracia para nación.
Esta reflexión que compartimos plenamente y podría haber sido escrita por cualquiera de los estudiosos críticos sobre temas educativos y culturales, fue propuesta por el entonces rector de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla López, quien por esas fechas concluía su rectorado2. Al margen de la autoría real del texto, lo importante aquí es señalar el foro constituido por notables intelectuales y políticos de signo ideológico y político diverso, desde Carlos Fuentes, pasando por Lorenzo Meyer, Jorge G. Castañeda, hasta la líder magisterial Elba Esther Gordillo, Santiago Creel y Vicente Fox. Esto nos puede dar una idea del círculo de relaciones políticas que Padilla López ha venido tejiendo desde finales de los años ochenta y, especialmente, durante su rectorado (1989-1995). Por supuesto, una cosa es la retórica grandilocuente demagógica del texto y otra muy diferente la práctica que contradice tan loables propósitos políticos, pues ahí se habla de renovación, justicia y democracia, conceptos cuyo contenido están totalmente alejados de los hechos cotidianos que se viven dentro de esta institución.
Hasta el día de hoy, Padilla López, mantiene un poder casi absoluto en la Universidad de Guadalajara. Este poder tiene y reproduce los rasgos de un verdadero cacicazgo político, lo que nos obliga a tratar de comprender en que consiste una de las estructuras de poder universitario más importantes en el país y sus formas de funcionamiento. Esta universidad, desde principios de los años sesenta empezó a ser objeto de escándalo público, la década de los setenta fueron años convulsos y esto significa que las prácticas corporativo–autoritarias se imponían con métodos violentos intramuros y extramuros; pero, a partir de los años noventa los escándalos generados por las autoridades universitarias se han vuelto cosa cotidiana en la opinión pública y en la sociedad civil. Muchos de estos escándalos obedecen o tienen su origen en este liderazgo caciquil que ha hecho de la universidad algo más que una institución educativa, pues se ha constituido como una especie de botín patrimonialista personal, familiar y de camarilla.
II. En la introducción a su libro Educación, poder y biografía, Carlos Alberto Torres cita a Apple y Weiss: “No podemos comprender plenamente la ubicación de nuestras instituciones educativas dentro de una configuración más amplia de poder económico, cultural y político, a menos que intentemos examinar las diferentes funciones que cumplen en nuestra desigual formación social” 3. En efecto, como bien dice Torres: “Considerar el poder en términos de relaciones nos permite identificar diferentes recursos de poder, así como la relación entre poder y educación. La educación como institución, y como dimensión de la vida material y simbólica, también puede verse en términos de relaciones” 4. Las relaciones entre educación universitaria y poder son variadas y complejas; pero esto no impide que podamos percibir ciertas formas de control muy visibles dentro de los espacios educativos superiores en tanto que las instituciones universitarias también se constituyen como aparatos de poder estatal. 5
Si queremos ejemplificar lo que hace posible la existencia reproductiva de las relaciones entre una institución universitaria y el poder estatal tenemos que abordar el análisis de lo que da sustento a esta relación y una de las mediaciones políticas lo constituyen los factores de poder real intrainstitucional, como lo es el caso del grupo de poder en la Universidad de Guadalajara.
Los laberintos del poder universitario, la forma en la que se ejerce el poder en los centros de educación universitaria nacionales, es una cuestión, a mi juicio, escasamente estudiada por los analistas expertos en problemas educativos o por los llamados politólogos. Las diversas formas de gobierno de estas instituciones se ejercen a través de mecanismos formales, legalmente aceptados, pero también a través de mecanismos encubiertos o soterrados, ilegales e ilegítimos que funcionan como correas de trasmisión del grupo o de los grupos de poder encargados de mantener la estabilidad política en los centros educativos para imponer las políticas decididas por la tecnoburocracia en las altas esferas del poder estatal.
Podemos definir a los grupos de poder local como aquellas asociaciones u organizaciones, con liderazgo personal o de camarilla, que detentan un control hegemónico sobre una determinada comunidad de personas o subgrupos localizados territorialmente en un espacio social, sea éste económico (empresarial), político, ideológico, cultural, religioso, educativo, laboral (gremial-sindical), multimediático, etcétera, subordinados directa o indirectamente a un poder oligárquico local, generalmente representativo de una burguesía local. Estos grupos mantienen cierta autonomía dependiendo de la magnitud de su propia fuerza política derivada, a su vez, de una determinada correlación de fuerzas en movimiento o en equilibrio inestable. En cierta forma, estos grupos de poder local son representativos de lo que se conoce como grupos de presión, grupos de interés o grupos de referencia, definidos como organizaciones que, sin ser formalmente políticas (partidistas), ejercen notable influencia sobre la política local (regional-estatal), orientándola a favor de los intereses u objetivos por ellas representados 6. Estos grupos constituyen parte orgánica de la elite de poder local.
¿Por qué estudiar un grupo de poder universitario? Quizá sea obvio el interés académico que despierta el estudio de la particularidad que asume una forma de poder político local, pero desde cierto punto de vista debemos considerar relevante que una determinación de la profunda crisis universitaria, especialmente la de naturaleza académica, también tiene su origen en las formas de gobierno y reproducción del poder intrainstitucional, pero además es necesario si pretendemos esclarecer las causas estructurales y superestructurales que dan origen al problema de la crisis de gobernabilidad universitaria para encontrar las alternativas que den cauce a los necesarios y deseables procesos de transformación gradual o radical de los mecanismos autoritarios hacia un modelo de desarrollo universitario sustentado en una verdadera autonomía democrática con base al consenso y al disenso puesta en práctica por la comunidad universitaria entera. Corresponde “a maestros y estudiantes –dice Hugo Aboites– reivindicar algo fundamental, histórico, pero tremendamente estratégico en este momento: la autonomía. La autonomía significa que esa búsqueda debe estar ajena a la lógica del mercado y también de la política. Investigar, difundir y formar generación tras generación en la perspectiva del conocimiento útil para toda la sociedad. La agenda de los universitarios es finalmente la de los universitarios, no de las cúpulas (empresariales) o de los tratados (comerciales)” 7.
En este sentido, el análisis de “la gobernabilidad universitaria entra en escena”, diría Eduardo Ibarra y Norma Rondero; es cierto que “hay esfuerzos significativos que abordan distintas áreas problemáticas de la educación superior, como pueden ser el financiamiento, la rendición de cuentas y los procesos de evaluación, el comportamiento de la matrícula estudiantil, las relaciones laborales, y la vinculación de la universidad con la empresa y la sociedad, por señalar sólo algunos” 8, pero también es cierto que faltan esfuerzos por comprender la naturaleza de las relaciones políticas al interior de las universidades. “Quien crea que la universidad es aún centro de información al servicio de los individuos y del conjunto de la sociedad no tiene idea de lo que sucede en ella. Nuestra universidad es hoy una fábrica productora de absurdo, con una estructura de tintes mafiosos y un alumnado disuelto en una agregación caótica de ambiciones y temores. Existen claro está, focos de resistencia que pretenden restablecer la autonomía crítica ante lo dado y que combaten redes de poder e intereses. Pero son, todavía, demasiado pocos” 9. La cita anterior se refiere al caso español, pero, lo cierto es que no son muchas las diferencias en cuanto a los principales problemas que agobian a las universidades peninsulares y a las mexicanas.
III. El panorama actual de las universidades públicas mexicanas es un fiel reflejo de la situación nacional. La profunda crisis universitaria es una de las manifestaciones más visibles de la crisis social generalizada que padece la mayoría de los mexicanos. La crisis económica, política, social, cultural y educativa es resultado fundamentalmente de la actual política neoliberal gubernamental, especialmente la del gobierno federal encabezada hoy día por Vicente Fox y el régimen panista. Por supuesto, esta crisis también tiene sus orígenes varias décadas atrás durante los sexenios priístas.
El impacto del neoliberalismo en la educación pública es de magnitud catastrófica: profundo deterioro de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles escolares, deserción de alumnos, alto déficit de unidades educativas, rechazo de cientos de miles de jóvenes estudiantes en las universidades, aumento de colegiaturas, acelerada privatización gradual y relativa de la educación superior, incremento de las escuelas y universidades “patito”, rezago salarial y bajas percepciones monetarias del magisterio en general, complicidad entre las burocracias académicas, administrativas y gremiales, escasa investigación científica y una creciente reorientación a las necesidades empresariales, corrupción sindical, aviadurías, fraudes y saqueos financieros, canonjías burocráticas (de los altos funcionarios), etcétera.
Este panorama de constante degradación de la educación en México tiene como causas principales, por un lado, el aspecto económico en cuanto la reducción presupuestal gubernamental como parte de la política de disminución del gasto social acorde a los lineamientos neoliberales establecidos por los grandes organismos financieros mundiales –Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)–, por otro, la propia política de control corporativo estatal del grueso del magisterio nacional en todos sus niveles. El ejemplo más conocido es el nefasto corporativismo gremial representado por la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo añejo historial de “charrismo” sindical ha causado y sigue causando consecuencias desastrosas a la educación pública básica e intermedia. Los escándalos en este sector gremial están a la orden del día. Desde luego, habría que agregar a estas causas los problemas relativos a las cuestiones propiamente pedagógicas y didácticas.
Si algo ha permitido el avance de las consecuencias dañinas a la calidad educativa nacional por las políticas neoliberales es la regulación del Estado y de las directivas universitarias sobre los maestros bajo formas de control corporativo. Esto ha contribuido a mantener un férreo control salarial necesario a la reducción del gasto estatal destinado a la educación y también al sentido ideológico de los contenidos pedagógicos en el sentido de incidir en el sistema educativo para inculcar el espíritu empresarial acorde a la nueva lógica del mercado “globalizado”.
La responsabilidad de los gremios de trabajadores universitarios corporativos y neocorporativos en el proceso de perdida de calidad académica es bastante significativa, pues el papel que juegan dentro del marco del sistema educativo es de sumisión y de contubernio con las autoridades gubernamentales y universitarias –Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)– para la puesta en escena de los mecanismos económicos, políticos e ideológicos neoliberales.
Sin embargo, estas formas de control corporativo-autoritario sobre la planta docente y de investigadores emanan de una determinada estructura de poder. Por supuesto hay instituciones donde estos mecanismos no funcionan de esta manera, sea porque existen sindicatos independientes y democráticos, sea porque los lazos corporativos, verticales y de control sobre los académicos no son tan rígidos. No obstante, podemos plantear la hipótesis de que en las universidades públicas existen estructuras de poder bajo diversas formas de un centralismo burocrático-autoritario. Esta premisa significa que en las instituciones educativas superiores del país en la práctica son inexistentes los mecanismos de gobierno democrático. La presencia de cúpulas, camarillas, grupos, “mafias”, elites burocrático-administrativas-académicas, forman parte de la vida política de las universidades mexicanas. Una radiografía del poder político de las instituciones de educación superior (IES) nos mostraría la presencia de ciertas estructuras de poder vertical, cupulares y no democráticas 10. En un país cuya historia política moderna está basado en el autoritarismo bonapartista y donde el poder político dominante las estructuras y formas corporativas autoritarias forman parte de su vida cotidiana, es natural que la reproducción del poder en todos los poros de la sociedad asuma los rasgos más característicos de ese desenvolvimiento hegemónico de las clases dominantes directa o indirectamente a través del Estado y de otras instituciones sociales. Por ejemplo, las formas caciquiles no han desaparecido en las estructuras y funcionamiento del sistema político y prueba de ello es, precisamente, el caso de la UdeG.
IV. La Universidad de Guadalajara (UdeG) es la segunda en importancia numérica en el país. Cuenta con una población total de 200 mil 500 personas (181 mil estudiantes, 12, 412 académicos y 7 mil administrativos), aplica 337 programas docentes y ejerce un monto financiero total de 3 mil 658 millones de pesos (en el año 2002). Su página de internet ofrece una historia de la institución y que como toda historia oficial se ha reescrito acorde a la visión del monopolio del poder que se asienta desde la gestión de lo que podemos denominar el padillato. Es en ese periodo donde ocurren cambios normativos, administrativos y, especialmente políticos que darán una nueva fisonomía a la universidad. La misión de la UdeG 11, según la visión oficial, es un conjunto de propósitos y objetivos generales, tan loables que podemos compartirlos, que no se distingue en esencia de los que manifiesta cualquiera de las instituciones educativas particulares del país 12. Se trata de desvanecer cualquier ropaje ideológico-político que comprometa una función social universitaria ajena a los tiempos actuales de la modernización educativa que va imponiendo la tecnocracia neoliberal. Los acomodamientos ideológicos de la cúpula universitaria tratarán de estar acorde, entonces, a las políticas gubernamentales dentro del juego de las complicidades y arreglos de la institución con el Estado.
Un aspecto interesante de la misión universitaria es que la propia institución dice garantizar “la participación de la comunidad universitaria en la elaboración y determinación colectiva de las políticas, planes y programas orientados al logro de sus fines, el desenvolvimiento de las actividades inherentes a sus funciones académicas y de servicio social y al cumplimiento de sus responsabilidades con la sociedad”. Esta premisa política, dadas las condiciones existentes en las que se toman las decisiones de mayor peso y trascendencia, sean académico-administrativas, financieras o laborales, es absolutamente discursiva porque en la realidad prevalecen los mecanismos que restringen los espacios y la participación de la comunidad en los asuntos relevantes. Un ejemplo de ello es que la designación del jefe de departamento no pasa en lo absoluto por la decisión del pleno de los profesores adscritos al propio departamento sino que es una atribución más del rector del centro.
Para las autoridades de la UdeG el proceso de cambio o de modernización institucional se inicia el primero de abril de 1989 con la rectoría de Raúl Padilla López. El rector Víctor Manuel González Romero, sucesor de Padilla López, afirma en una ponencia de que una de “las razones del cambio” es:
la sobrepolitización e ideologización extrema de los ‘formandos’ en las universidades públicas incompatibles con lo que ocurría en el escenario productivo... Dentro de los muros de la Universidad se reproducía un esquema de pensamiento, una ideología dominante, pero afuera el sector productivo no quería saber más de eso (...) a la llegada de la nueva administración (de RPL) se ocasiona una fractura política al interior de la institución. Si alguien le interesa profundizar en este proceso de cambio, les recomiendo la lectura de la tesis doctoral del actual vicerrector de la Universidad, el doctor Misael Gradilla. El Juego del poder y el saber, editado por El Colegio de México. Es una tesis muy interesante para entrar a profundidad en el análisis sociológico, el proceso de cambio de una estructura compleja. Se da una ruptura; llega un grupo que maneja un discurso novedoso frente a los grupos consolidados en el poder durante varas generaciones de dominio al interior de la institución, grupos muy ligados al partido en el poder, que tenían cuotas de representación en la cámara de diputados local, en el Congreso de la Unión, tenía una hermandad más o menos clara en el aparato político del partido en el gobierno, con el sector gubernamental y en el esquema de formación de cuadros políticos en las representaciones estudiantiles y el manejo del conocimiento, del poder, del saber, a partir de la Universidad. Todo esto se rompe en 1989, cuando llega al poder un nuevo grupo con un lenguaje más fresco, que se introduce en las políticas y las grandes tendencias de cambio mundial; las percibe, las reconoce y las valida como una estrategia de desarrollo institucional. 13
En realidad, el cambio del grupo de poder se da más por un conflicto de intereses; intereses materiales que corresponden más a beneficios económico-monetarios, de poder, influencia, privilegios y prebendas, que por una pugna ideológica de un proyecto de universidad alternativa sustentada en principios democráticos y vinculada a las necesidades sociales de la población jalisciense. El nuevo grupo quizás podría hablar un lenguaje más fresco, pero no solamente se trataba de eso ni era lo más importante: el cambio de piel del grupo ahora hegemónico utilizaba un nuevo ropaje ideológico a la medida de las circunstancias políticas, pero las estructuras de control corporativo solamente cambiaron de propiedad. En su texto ¿De la reforma a la contrarreforma?, María Lorena Hernández Yáñez asevera que: “Mientras que el cambio estructural transformó radical y objetivamente el escenario institucional, la recreación de los órganos de gobierno resultó ser, a la distancia, un proceso ornamental, ya que el ejercicio tradicional del poder ha permanecido incólume (...) a la manera del despotismo ilustrado, auguraba el reforzamiento de la autoridad unipersonal ilimitada...”. 14
Desde abril de 1989 cuando se inició el trastocamiento del ejercicio del poder real en la UdeG ésta no ha dejado de ser objeto de escándalo público. Escándalo tras escándalo el hecho es que eventualmente la universidad es objeto de atención de la opinión pública derivado por un hecho violento, fraudulento, saqueo de recursos, disputas de poder interno, posicionamiento de “líderes universitarios” en organismos, partidos políticos o de representación legislativa, manejo de recursos financieros discrecionales, despilfarros, auditorias maquilladas, conflictos laborales, proyectos arquitectónicos y urbanos faraónicos, cambios de opinión “científica” acerca de problemas “ambientales” de forma oportunista, etcétera.
V. ¿Cómo se constituyó el nuevo grupo dominante en la UdeG? A raíz de la disputa del poder cuyo vencedor único fue el entonces rector general Raúl Padilla López, a principios de los años noventa su proyecto hegemónico fue consolidándose con una estructura neocorporativa fincada en cuatro grandes pilares: el Consejo General Universitario (CGU), el “sindicalismo blanco” (Asociación del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara [APAUdeG], ahora denominado STAUdeG, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara: SUTUdeG), y finalmente, pero no menos importante, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Cada uno de estos cuatro elementos constituyentes orgánicos de la estructura de poder cumplen tareas distintas en el marco de una división del trabajo político bastante eficiente en el control y subordinación de los segmentos de la comunidad universitaria. Todos son muy importantes en su papel corporativizante y es difícil definir a uno de ellos como el elemento decisivo, pues todo depende de que proceso político estemos hablando; sin embargo, por razones de carácter estructural es el CGU el que asume un rol de cierta preponderancia porque constituye un espacio determinante donde concurren los agentes operadores efectivos de los mecanismos políticos y que confieren, supuestamente, legitimidad a las decisiones y acciones de la administración burocrática central. Los representantes principales de cada uno de estas unidades operativas forman parte de un círculo de poder que gira en torno al llamado “jefe nato” o “caudillo”, como le denomina Hernández Yáñez a Raúl Padilla López.
La estructura de este nuevo edificio político vino a reemplazar en gran parte a las viejas y anquilosadas estructuras de poder corporativo que durante décadas funcionó adecuada y paralelamente a las estructuras de poder del régimen político dominante priísta. El denominado Grupo FEG–Universidad detentó cuando menos durante tres largas décadas un poder corporativo sustentado principalmente en la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), fundada en 1948; es el grupo de poder encargado de mantener el control y la disciplina política sobre la comunidad estudiantil; reprimiendo a los grupos estudiantiles de oposición con algunas bandas de porros. Este grupo de poder estaba encabezado por Carlos Ramírez Ladewig, cuyo liderazgo había iniciado a mediados de los años cincuenta aunque sin ocupar ninguna representatividad formal universitaria. Este grupo se constituía con base a pequeños, medianos y grandes feudos cuyos jefes principales eran o habían sido en su mayoría presidentes de la FEG. Con el asesinato en 1975 de Carlos Ramírez Ladewig (un crimen de Estado atribuido al presidente Luis Echevarría) se inició el ocaso político de este grupo cuyo heredero directo fue el ingeniero Álvaro Ramírez Ladewig, hermano de Carlos, quien también sin presencia formal en la institución mantuvo durante poco más de una década la unión de los poderosos feudos. En 1988, con el ascenso del Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, también ascendía al poder universitario como rector general, por decisión personal de Álvaro Ramírez, el expresidente de la FEG (1977–1979), Raúl Padilla López, quien, desde entonces –salvo el tiempo que duró el conflicto entre el Grupo FEG–Universidad y el grupo padillista– ha mantenido el poder casi absoluto en sus manos.
La historia de la UdeG en los últimos tres lustros está asociada, desde luego, al control político de Raúl Padilla López (RPL) ejercido a través de diversos mecanismos corporativos–autoritarios. Este poder absolutista, más concentrado que el que algún día pudo detentar Carlos Ramírez Ladewig, ha hecho de RPL el cacique y el poder tras el trono; en esta universidad, por así decirlo, no se mueve una hoja sin su consentimiento. Este poder le ha permitido amasar una fortuna dineraria y también a través de una densa red de relaciones políticas, sociales, económicas y culturales ha podido imponer sus proyectos megalómanos (Feria Internacional del Libro (FIL), Festival de Cine Mexicano, Centro Cultural Los Belenes, Teatro Cine Diana, etcétera) que están concebidos más como empresas capitalistas que como iniciativa cultural-universitaria.
En esta universidad semifeudal la voluntad de RPL es hegemónica y cuenta con un vasto séquito palaciego (intelectuales, escritores –Fernando del Paso, en su momento Juan José Arreola, Emmanuel Carballo– operadores políticos, funcionarios universitarios, etcétera), que aunque algunos se constituyen como emisarios importantes de sus decisiones (las de RPL) y cuentan con su parcela de poder, no disponen de autonomía política. La dinastía del Padillato se hace visible con la actual rectoría general en manos de su hermano menor José Trinidad Padilla López, también en su momento presidente de la FEG. El tejido de relaciones e influencias con intelectuales, escritores (Elena Poniatowska, Carlos Monsivais, Héctor Aguilar Camín y Carlos Fuentes, especialmente) y políticos de la ciudad de México también le ha permitido ampliar su cobertura de poder a este grupo.
Desde su inicio este grupo trató de legitimar su poder y representatividad con la comunidad universitaria pero nunca ha tenido el aval ni la confianza del grueso del personal académico, administrativo y de la mayoría estudiantil. La disputa por la institución del grupo padillista fue por apoderarse del control de los cuantiosos recursos financieros y nunca por un proyecto político de una nueva universidad cuyo espíritu educativo y cultural fuese muy distinto al modelo anterior. Al contrario, se trataba de “modernizar” los esquemas corporativos y autoritarios con base a un modelo académico de estructura departamental copiado a la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo arquitecto–operador contratado fue a el subsecretario de Educación salinista Gilberto Guevara Niebla.
Todos los atrasos, males, conflictos y contradicciones del modelo educativo neoliberal que agudizan los problemas seculares de las universidades públicas mexicanas como el burocratismo, el centralismo, la discrecionalidad del manejo presupuestario y su saqueo voraz, el corporativismo sindical, las relaciones clientelares, la simulación académica e investigativa, la sumisión y la abyección a las autoridades, el fraude y la irracionalidad, la corrupción, el compadrazgo y el amiguismo, la mediocridad, el despilfarro, la catapulta universitaria hacia el poder gubernamental, se reproducen ampliamente en la UdeG con el caciquismo padillista. Estamos hablando de un grupo monolítico que interviene además en la vida política local, es decir interviene como grupo de poder local y estatal a través de sus múltiples operadores extramuros universitarios en partidos políticos, sindicatos, colegios de profesionistas, niveles de gobierno municipal y estatal, voceros periodísticos, televisivos, organismos no gubernamentales. Es través del PRD municipal y estatal, en manos de RPL desde 1997, que se han podido tejer redes y alianzas políticas con políticos de otros partidos para sumar fuerzas que obedecen intereses coyunturales. RPL ha tenido intenciones de ser gobernador de Jalisco, pero no ha tenido la fuerza suficiente ni el partido para lanzarse a una campaña de esas proporciones, y en el plano partidista a lo que único que ha llegado es a diputado local perredista (1998-2001). El grupo ha tenido tres diputaciones federales alternadas (Mara Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y José Antonio Magallanes).
En Guadalajara existen varios grupos de poder: 1) la Iglesia conservadora y sus asociaciones civiles, 2) el viejo aparato sindical corporativo cetemista y croquista (el charrismo sindical que no ha perdido mucha fuerza local), 3) el propio aparato gubernamental en manos del PAN, 4) los medios de comunicación (prensa, radio y televisión; Televisa de Occidente, especialmente), 5) las universidades privadas, aunque con espacios y cuotas de poder más restringidos (los Tecos de la UAG, por ejemplo, son editores del periódico Ocho Columnas), a la Panamericana se le asocia con el Opus Dei –existe una dosis de verdad cuando se dice que algunos de estos grupos están o estuvieron ligados al narcotráfico, pero como es de suponerse, ésta afirmación, por razones obvias, es difícil de verificar plenamente–, pero el más poderoso, 6) es la oligarquía empresarial, con sus organismos gremiales (cámaras, consejos, etcétera). A ellos se suma 7) el Grupo Universidad que se constituye como un grupo de presión y de interés que ha tomado a la institución educativa como botín económico y político, pues cuando desea expresar públicamente su fuerza puede sacar a la calle a decenas de miles de acarreados estudiantes y profesores de manera corporativa. RPL mantiene una amplia esfera de influencia político-ideológica en los principales medios de comunicación; por ejemplo, tiene diversos programas televisivos editados por la UdeG, cuyo costo económico es muy alto, sin que esto signifique ninguna prioridad académica, causando críticas en la opinión pública por este despilfarro; mantiene en casi todos los diarios escribanos de su sequito palaciego, portavoces de los intereses directos e indirectos del grupo.
Prevalece, pues, una estructura de poder piramidal en cuyo vértice superior se encuentra el cacique mayor repartiendo a diestra y siniestra premios y castigos a sus subordinados y operadores. La figura de círculos concéntricos piramidal del sequito cortesano da una imagen nítida y realista del entramado y los mecanismos operativos del grupo. La vieja consigna monárquica del Estado absolutista la puede parafrasear perfectamente RPL: La universidad soy yo. El primer círculo de poder lo integran los principales y viejos operadores padillistas cuyo número es alrededor de cinco miembros; este círculo inmediato le denominan el minisanedrín; el segundo círculo concéntrico es el llamado sanedrín, compuesto por un poco más de operadores, y así, sucesivamente, hasta llegar a toda la red o nomenclatura del sistema.
Mucho se habla (vox populi) de una mafia en la UdeG y lo cierto es que bastante hay de ello; citando a Sergio Vilar, “La Universidad está gestionada según las relaciones simbólicas y económicas feudales: el trueque, o sea: ‘tu me das una cosa a mi, yo te doy una cosa a ti’, según ‘el ritornello’ de una celebre película italiana en la que se aludían a las practicas mafiosas napolitanas”. Francisco Garrido Peña sostiene que “la mafia es posiblemente un modelo interpretativo útil para entender la naturaleza del poder académico en la universidad española de hoy”. “Los grupos de poder y presión que se enmascaran tras las escuelas y academias persiguen la invisibilidad legal y la omnipresencia fáctica, en esto coinciden también con los métodos de la mafia. Como dice Guy Debord: ‘La mayor exigencia de una Mafia, allí donde puede estar constituida es, naturalmente, establecer que no existe” 15. Debemos aclarar que ciertos métodos mafioso–corporativos o viceversa no son invención de la administración padillista, venían tiempo atrás operando; lo que si podemos afirmar es que dichos métodos y técnicas se perfeccionan durante su administración adecuándose a los tiempos 16. Algunos de los rasgos corporativos–mafiosos, por supuesto, no son únicamente privativos de este grupo local; para algunos académicos críticos también en la UNAM surgen y se reproducen, al igual que en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) 17
En efecto, la practica clientelar–corporativa de dar una cosa por otra, un quid pro quo, constituye un mecanismo muy eficiente para sostener toda la estructura de control corporativo sobre funcionarios, administrativos, docentes, investigadores y estudiantes. Esta estructura es muy funcional para poner en practica las políticas gubernamentales en materia educativa y laboral en las universidades públicas; por lo menos en la UdeG ha venido operando con mucho éxito, pues, entre otras cosas, el proceso neoliberal privatizador ha podido avanzar bastante desde los años noventa con la administración de RPL, después con la de Víctor Manuel González Romero y hoy día con la de Trinidad Padilla López.
La UdeG tiene mucho de universidad de papel, como ha formulado acertadamente Luis Porter la naturaleza de nuestras universidades públicas, pues esta condición está causando verdaderos estragos en los procesos de enseñanza–aprendizaje, en la investigación y en la difusión del conocimiento y la cultura. La universidad se está manejando más como empresa y patrimonio familiar y coto político que como institución educativa. Los criterios de designación de la mayoría de los representantes en los cargos de dirección académica obedecen más a criterios políticos que a los eminentemente académicos; es decir, la practica de fidelidad, sumisión y subordinación al jefe inmediato o al jefe máximo establece el orden jerárquico en la estructura de poder burocrática.
En definitiva, la UdeG se debate en el escándalo cotidiano en la opinión pública por toda una serie de perversidades implícitas a una estructura de poder de naturaleza corporativa caciquil excluyente de decisiones democráticas y consensadas por la comunidad universitaria entera. Una institución educativa carente de autonomía y de una misión social acorde a las necesidades de la mayoría de la población jalisciense.
VI y conclusión: Este ejercicio reflexivo responde además de un mero análisis de una realidad política al intento de búsqueda de las posibilidades de nuevos contenidos educativos sustantivos a una formación académica de naturaleza humanista, alejada completamente de la aplastante visión burocrática-mercantilista con su educación tecnocrática. El pensamiento crítico-radical, en el sentido propuesto por Ernst Bloch, presupone una condición ético-humanista que fundamente la reorientación educativo-cultural universitaria. Tenemos muy claro que esto es imposible de lograr si no impulsamos al tiempo procesos de transformación democráticos internamente en nuestras instituciones y externamente en la sociedad entera. Para nosotros el principio esperanza se constituye como algo vital para poder renovar aquellas instituciones necesarias a la transformación radical de lo cosa pública y, por ende, de lo social. Como bien señala Luís Enrique Alonso: “Es fundamental, para enmarcar la situación universitaria, referirse necesariamente al problema de la crisis de lo público. Si algo puede caracterizar la actual situación de la Universidad es porque traduce, en una versión corregida y aumentada, la política socioeconómica conservadora que arma nuestro modelo social. Por ello es necesario reflexionar sobre que tipo de universidad pública se está construyendo –o quizás destruyendo– de manera visible e invisible ante nuestros ojos” 18.
Hablar, entonces, de la cosa pública es hablar de lo político y de sus relaciones de poder, de ahí que, como bien dice María Esther Aguirre Lora en la introducción al libro de Claudio Bonvecchio, el mito de la universidad, “nos enfrentamos al problema del poder, de los conflictos de clase, del control del orden social en que está inmersa la universidad, y al papel político-ideológico que ésta juega en la sociedad” 19. Las relaciones entre el Estado, la sociedad y la universidad forman parte orgánica de todo el cúmulo de contradicciones sociales que hace necesario continuar con los esfuerzos analíticos para comprender mejor dichas relaciones y dar respuesta cabal a los problemas derivados de estas relaciones. La cuestión educativa superior pública se ha constituido, desde hace buen tiempo, como diría hace más de un siglo Andrés Molina Enríquez., en uno de los grandes problemas nacionales. Las universidades están generando sus propios escándalos, especialmente la UdeG, porque no pueden sustraerse de los mayores y más perniciosos escándalos propiciados por el Estado mexicano 20. Únicamente faltan los videos que constaten más y visiblemente el sistemático derroche y las corruptelas de los altos funcionarios universitarios y sus círculos de poder.
Sabemos muy bien que para lograr e impulsar ciertos cambios en los contenidos académicos requerimos de una profunda reforma universitaria democrática, por lo que si queremos mejorar la educación universitaria para mejorar el país también es necesario cambiar el país si queremos cambiar a la educación universitaria. Una reforma universitaria necesaria y deseable en profundidad es posible si se parte de la transformación del país. El pensamiento de Marx sigue siendo tan vigente como cuando afirma que ”es necesario cambiar las condiciones sociales para crear un nuevo sistema de enseñanza; por otra parte, hace falta un sistema de enseñanza nuevo para poder cambiar las condiciones sociales”.
Enero del 2005
*Profesor investigador del Centro de Estudios Metropolitanos del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.
Quiero agradecer al Dr. Luis Porter la invitación a participar en este Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades Mexicanas y también al Dr. Hugo Aboites por sus observaciones críticas al borrador de este documento, igualmente al Dr. Imanol Ordorika por la referencia de acceso a sus trabajos sobre este tema.
