La Jornada Jalisco, 9 de septiembre de 2008
El conflicto entre dos grupos facciosos provenientes de la misma familia por detentar el poder de la institución es el mayor escándalo en las últimas dos décadas, a partir de aquella vieja disputa a finales de los años 80 que, revestida con otras formas, vuelve aparecer en el escenario como tragicomedia. Tragedia, por un lado, porque afecta sensiblemente a su vida institucional y a su vida universitaria, especialmente a la académica. Comedia, por el otro, porque los actores tratan de representar un papel lleno de equívocos, causando un humor involuntario por lo grotesco de las acciones a un auditorio expectante por el desenlace de una especie de ópera bufa. De ese tamaño es el escándalo local y nacional en que ha metido esta pugna por el poder a la institución que dicen representar. La victoria pírrica es del nefasto cacicazgo, pues queda absolutamente en descrédito y sin legitimidad ante la sociedad y la comunidad universitaria.
La pretendida “legalidad” del nombramiento del nuevo rector tiene como base el corporativismo, lo que hizo posible que los consejeros hayan “votado” a espaldas de la comunidad universitaria. La mayoría del Consejo nunca ha respondido a la voluntad de los universitarios sino a la del cacicazgo y a la de arropar sus propias canonjías y prebendas que estarían en peligro de perder, en caso de que la comunidad cobre conciencia de la perversión de la que son cómplices por su silencio y falta de participación.
Tenemos una injerencia externa en la propia institución que vulnera su autonomía. Reprobamos la actitud irresponsable y de complicidad de los diversos actores y partidos políticos que implícitamente han apoyado al grupo hegemónico como son el PRI, PAN, PRD, PT, pues es la manifestación fehaciente de una intervención extraña a la propia comunidad universitaria. La autonomía universitaria, un valor político extraordinario en los momentos actuales, ha quedado vulnerada desde mucho tiempo acorde a los tiempos neoliberales, pues hoy es la manifestación de que la institución es absolutamente incapaz de resolver sus propios problemas por la vía legal, precisamente, porque no existe ninguna condición democrática.
Esta ausencia democrática explica, en última instancia, este tipo de escándalos derivados de su causa original, pues es la existencia de un cacicazgo a lo largo de dos décadas lo que ha desatado una situación vergonzante, ajena. Es esta forma caciquil que impide la participación plena de la comunidad universitaria en las decisiones fundamentales de la vida institucional, y a eso debemos agregar los vasos comunicantes de una corrupción con un sistema corporativo–clientelar–autoritario; es decir, de un régimen de gobierno profundamente antidemocrático.
Ha habido una deliberada perversión de los tareas sustantivas universitarias para pasar a una forma de administrar una institución educativa superior como una empresa de negocios cualquiera, con base en la complicidad de las sucesivas rectorías desde finales de los años 80 para la puesta en práctica de las políticas neoliberales privatizadoras alentadas por el gobierno federal.
El cacicazgo se sostiene sobre la base de cuatro pilares corporativos: el Consejo General Universitario, los dos sindicatos “blancos” y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). La composición del CGU actual, es una mascarada que defiende y pretende perpetuar la corrupción, el corporativismo, el clientelismo y el patrimonialismo vigentes. Los organismos gremiales patronales, supuestos sindicatos, defienden no los intereses de sus agremiados sino los del poder caciquil y las políticas neoliberales como el cambio ilegal del régimen pensionario y jubilatorio. El control estudiantil es vertical, y tampoco defiende los intereses del sector, vulnerados desde hace mucho tiempo, especialmente con el rechazo de miles de aspirantes a ingresar.
La única posibilidad de democratización plena de la universidad es, precisamente, la democratización de estos cuatro organismos.
Nuestra propuesta como Frente Ciudadano y Universitario es el de una profunda transformación de orden democrático con base a la necesidad de construir un verdadero proyecto de universidad, teniendo como sustento la realización de un congreso general democrático, con la participación plena y representativa de los sectores de la comunidad universitaria, incluida la participación acotada de representantes ciudadanos, para una reforma universitaria integral.
Una reforma integral contemplaría necesariamente una modificación de la Ley Orgánica, la que a su vez, por ejemplo, incorporaría las figuras de plebiscito y/o referéndum para la remoción del rector o de cualquier funcionario universitario. De igual manera es necesaria la creación de la figura democrática de un verdadero ombudsman para defender los derechos legítimos de los sectores de la comunidad universitaria.
Lo que es imprescindible y urgente es la puesta en práctica de una auténtica auditoría para empezar a resolver los graves problemas de manejo discrecional y desvió de fondos financieros para fines aviesos y totalmente ajenos a las tareas sustantivas universitarias y sus prioridades académicas.
Frente Ciudadano y Universitario por la Defensa de la Universidad Pública Responsable: Antonio Ceja
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