Ponencia en el tribunal popular

FRENTE CIUDADANO Y UNIVERSITARIO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Ante esta Tercera Audiencia del Juicio Nacional Popular del Frente Nacional contra la Represión (FNCR), los integrantes del Frente Ciudadano y Universitario por la Defensa de la Educación Pública queremos denunciar la flagrante violación a los derechos humanos educativos en la Universidad de Guadalajara.

1. Una primera y grave violación a estos derechos es la política perversa de rechazar a miles de jóvenes estudiantes para ingresar a la Universidad de Guadalajara, tanto en su nivel medio superior (preparatorias) como en su nivel superior (licenciaturas).

2. Este rechazo deliberado que hacen las principales autoridades universitarias obedece a la política de exclusión social y educativa en sintonía con las políticas privatizadoras neoliberales puestas en práctica por el régimen político mexicano durante las últimas décadas. En el caso de la Universidad de Guadalajara a partir de la rectoría de Raúl Padilla López (1989–1995) se empezó a instrumentar esta medida de exclusión social cerrando las puertas universitarias a miles de jóvenes, privatizando los espacios institucionales y aumentando el cobro indebido e ilegal de las cuotas y colegiaturas de la matrícula escolar.

3. Por ejemplo, a principios de este año, 23 mil 252 aspirantes a la Universidad de Guadalajara revisaron las listas de ingreso y solamente nueve mil 691 alumnos leyeron que habían sido admitidos. Esto significa que solamente el 40 por ciento del número de aspirantes logró entrar a esta institución educativa. En México, anualmente en promedio cerca de 300 mil jóvenes se quedan sin estudiar porque son rechazados,

4. Otro ejemplo más: La Universidad de Guadalajara cobra a los estudiantes cada semestre cuotas de hasta 400 pesos bajo el concepto de aportaciones especiales y condiciona su inscripción al pago de la misma. A partir de 2001 la alta burocracia de la Universidad de Guadalajara incorporó a las órdenes de pago correspondientes a la matrícula el concepto de aportaciones especiales. Los estudiantes pagaban 50 pesos, y este semestre la cantidad aumentó a 400 pesos sin conocer el destino de los fondos. Existe, pues un proceso de privatización directa dentro de la universidad tanto de los servicios educativos como de los espacios públicos.

5. Por supuesto, esta política nacional excluyente, atentatoria contra el Artículo Tercero Constitucional, pretende desviar todavía más los recursos financieros destinados al gasto social hacia las necesidades materiales de las elites oligárquicas para su enriquecimiento capitalista desmedido; es cierto que ha venido disminuyendo el porcentaje del presupuesto destinado a la educación para las universidades públicas del país, pero en nuestro caso, el rechazo de miles de estudiantes no es esta la razón fundamental sino la profunda corrupción existente dentro de la UdeG, cuyas autoridades desvían los recursos a obras suntuarias empresariales para beneficio de quien encabeza el cacicazgo universitario; es decir, Raúl Padilla López, quien está en complicidad y protegido por las autoridades gubernamentales estatales y federales. Es la malversación de los fondos financieros lo que está provocando la falta de aulas, de infraestructura y equipamiento, y de contrataciones de maestros capaces y de tiempo completo, con lo que consecuente e indirectamente se engrosa la matrícula escolar de las universidades privadas: esto es lo que llamamos una privatización indirecta, en perjuicio del pueblo jalisciense, quien aporta una parte sustancial del subsidio recibido por la UdeG.

El Frente Ciudadano y Universitario por la Defensa de la Educación Pública exhorta a que este Juicio Nacional Popular se pronuncie enérgicamente en contra de las principales autoridades universitarias que han hecho de esta institución educativa un verdadero botín económico y político para sus propios intereses de camarilla, por lo que también es necesario exigir auditorías serias y sancionar penalmente los delitos de desviación y saqueo impune de los recursos financieros universitarios.

El pueblo de Jalisco respaldará totalmente esta justa resolución democrática, considerando que se requiere este tipo de denuncias públicas para la defensa de la educación pública universitaria.

Además, proponemos a consideración de esta Audiencia que adopte la siguiente resolución:

• La educación es un derecho humano fundamental
• La educación debe seguir siendo un servicio público gratuito, no una empresa privada.
• La educación es un bien público, no una mercancía a ser negociada para las ganancias de gobiernos nacionales o estatales o por organismos multilaterales.
• La educación debe financiarse completamente por el gobierno y bajo control democrático para alcanzar equidad.
• El plan de estudios debe ser respetuoso, democrático y satisfacer las necesidades de la comunidad: niños, jóvenes y adultos.
• La educación debe respetar la diversidad cultural y promover igualdad entre y dentro de los países.
• Los gobiernos no deben usar recursos públicos para financiar a escuelas o universidades privadas (el gobierno mexicano debe destinar el 8 por ciento del PIB).
• La educación no se debe incluir en el Área de libre cambio de las Américas (FTAA), ni en el Acuerdo General en Comercio de Servicios (GATS), u otros acuerdos comerciales, porque es un derecho social, no una mercancía.
• El gobierno debe mantener la capacidad de regular el interés público y de mantener o ampliar los servicios públicos.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de diciembre de 2007.