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miércoles, 10 de marzo de 2010

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Educación gratuita y accesorios | Esteban Garaiz

El gran mecanismo integrador de la nación mexicana que encontraron los constituyentes en 1917 para incorporar a la vida nacional a los hijos de los siervos analfabetos en aquella república sin ciudadanos que era México en 1910, fue la educación pública universal, gratuita y laica. Ese poder integrador de la educación gratuita universal está siendo hoy obstruido por los accesorios.

Todos los padres de familia saben, por vivencia propia, que en realidad la educación pública de sus hijos ya no es cabalmente gratuita. Que mientras el poder público revolucionario se empeñó en otro tiempo en complementar esa gratuidad, como motor de integración nacional, con desayunos escolares, con libros y cuadernos de texto gratuitos, la corrupción sindical ha procedido en sentido contrario con accesorios de mercado: uniformes, útiles escolares de abultada lista, cuotas de mantenimiento de los planteles, tenis blancos para la educación física y otra serie de gastos según la fértil imaginación del control local del magisterio; y también según la complicidad de la autoridad educativa local para hacerse de la vista gorda.

Media nación: precisamente la más orillada por la pobreza y por la falta de oportunidades reales, para la cual se concibió precisamente la educación gratuita como el primero y elemental medio de integración, es hoy la que más sufre para cubrir los gastos accesorios que permitan a sus hijos acceder a la instrucción pública.

Son gastos fuertes para su exigua economía familiar, que obligan a sustraer de otras necesidades elementales. No pocas veces orillan a los padres de familia a recurrir al empeño. En ocasiones –y esto es lo más doloroso e indignante– impiden a los padres seguir enviando a sus hijos a la escuela. Lo saben y lo registran las autoridades escolares.

Hoy tenemos más de 45 millones de mexicanos marginados y pobres. El proceso de incorporación a la vida nacional se ha estancado desde hace un cuarto de siglo. Más aún: se ha revertido y estamos yendo para atrás. El número crece en vez de seguir disminuyendo.

El colmo: se habla de populismo cuando alguna autoridad contribuye con los útiles escolares y los uniformes (no reglamentarios) para que ningún niño se quede sin la escolaridad que la permita escapar de la marginación. No basta que la Suprema Corte, o la propia autoridad educativa, pronuncie que los uniformes o las cuotas no limitan el derecho constitucional de los menores a recibir educación gratuita. Es necesario tomar las medidas pertinentes para impedir que un director o maestro condicione ese derecho (como muchas veces ocurre) a tener el uniforme, la lista artificial de útiles escolares o la cuota de mantenimiento.

Más aún: con un mínimo de sensibilidad social, la autoridad educativa podrá percibir que son los padres de familia lo que optan por no hacer pasar a sus hijos por la humillación de acudir a la escuela sin uniforme o sin zapatos tenis para la educación física. Es verdaderamente una catástrofe que una niña o un alumno tenga que abandonar su instrucción (y su incorporación digna a la vida nacional) por falta de los accesorios del mercado.

En 1910 había en el país (con 15 millones de habitantes) diez mil escuelas primarias. La población alfabetizada no pasaba del 12 por ciento. Los otros no tenían ni zapatos, ni médico, ni libertad para abandonar las haciendas: la deuda transmitida de padres a hijos les impedía decidir de su propia vida. Cuando alguno de ellos subía a uno de los afamados trenes porfirianos era para ser deportado a Valle Nacional. República sin ciudadanos. Ha sido el artículo 3º, la educación gratuita universal, la institución revolucionaria que ha conglomerado a la nación.

Conmemoramos el bicentenario de que la independencia trigarante nos desvinculó de España, pero dejó el caballo de Troya del orden agrario colonial intacto. Fue la revolución 100 años después la que liberó a los peones y educó a sus hijos. Después de mucha sangre derramada y más de un millón de muertos. Analfabetos obtuvieron el voto universal y directo y votaron por la educación de sus hijos. Hoy tenemos 200 mil escuelas sólo primarias: veinte veces más mientras la nación se septuplicó. Para no hablar de los otros niveles.

No podemos permitir que los accesorios promovidos por un sindicato mafioso, corrupto y mercachifle (y los maestros cómplices, que no son todos ni mucho menos) impidan completar el proceso.
egaraiz@gmail.com

miércoles, 24 de febrero de 2010

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Universitarios apremian a defender la educación pública

Rechazan acoso del gobierno a la gratuidad en la UNAM
KARINA AVILES
México D.F. Jueves 23 de octubre de 2003

La UNAM es una institución autónoma, por lo que debe rechazar presiones internas y externas que pretendan romper los principios de gratuidad y su carácter popular para someterla a los criterios neoliberales, coincidieron en señalar integrantes de los diferentes sectores universitarios.
La directora general de estudios de posgrado, Rosaura Ruiz, destacó que la universidad debe ''continuar defendiendo su autonomía, sus políticas internas y la gratuidad''.
Acerca de las declaraciones del rector Juan Ramón de la Fuente a La Jornada, de que sostener el proyecto de universidad pública, gratuita y de masas ha generado tensiones con el gobierno foxista, la funcionaria expresó su rechazo a cualquier presión, ya sea dentro o fuera de la institución, que pretenda romper con los principios de la universidad pública.
"Tenemos un gobierno conservador que defiende la privatización en los diferentes ámbitos", indicó, y dijo que la pretensión de disminuir el presupuesto educativo "es gravísima", por lo que confió en que la Cámara de Diputados corrija "este error" y otorgue un aumento importante al sector.
Pero la asfixia al financiamiento, enfatizó, también forma parte de un proyecto más global que insiste en atacar lo público sin importar que se incrementen las desigualdades.
Por su parte, Leonardo Figueiras, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, enfatizó que la UNAM ''es una institución que la sociedad mexicana ha construido y a la que no le pueden aplicar las tesis neoliberales. La enseñanza, la investigación y la reflexión no pueden pasar por criterios de libre mercado. Ahí sí que hay acuerdo con De la Fuente".
Expresó que en la medida en la que el rector "se comprometa a la realización de un congreso universitario democrático, no disimulado, los académicos de esta universidad estaremos haciendo con mayor razón un frente común de legitimidad y de defensa" de la institución.
El estudiante Carlos Montiagudo, consejero universitario, planteó que una vía para aislar a la institución de las presiones tanto internas como externas es la realización de reformas puntuales que logren el consenso de la opinión pública y garanticen los medios para el buen desarrollo de la universidad pública.
Por otro lado, 21 consejeros universitarios del sector estudiantil expresaron su apoyo para que Juan Ramón de la Fuente continúe en la rectoría de la casa de estudios, al argumentar que en esta gestión se lograron avances en materia de financiamiento y de mayor eficiencia en las labores académicas, culturales y de investigación.
Afirmaron que la continuación de la administración delafuentista permitiría que la UNAM alcance ''las reformas estructurales y de fondo que requiere''.