Boletín sobre rechazados

FRENTE CIUDADANO Y UNIVERSITARIO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Los actuales acontecimientos dentro y fuera de la Universidad de Guadalajara en razón del escandaloso protagonismo de sus principales autoridades y de quienes detentan el poder real, deben ser motivo de preocupación para la sociedad y profunda reflexión para la comunidad universitaria. Detrás de los reflectores y de la “nota roja”, se esconde el hecho de que el modelo político y quienes ejercen el poder en la UdeG, han entrado en una etapa de mayor descomposición con sus consecuentes perjuicios a  la institución educativa.

1. Cada año se hace cada vez más visible el descontento de los jaliscienses, por la descarada actitud de los funcionarios universitarios empeñados en mantener en cifras exorbitantes, el número de estudiantes rechazados tanto en el nivel bachillerato como en licenciatura. Siendo del dominio público que la propia estructura de poder universitario detenta algunas escuelas e instituciones universitarias incorporadas a la UdeG, y ella misma alienta la privatización de la educación al ofertar como opción de formación jalisciense esa modalidad de dudosa reputación académica y de onerosos costos para la población. Además, si cada año quedan sin aula más de 17 mil estudiantes de educación superior ¿Cómo es que se les vuelve a cobrar por el proceso de reinscripción? ¿Dónde quedan esos dineros que nunca son reportados por los funcionarios de la UdeG?

2. La profunda corrupción en la UdeG es inocultable. La destitución del rector Carlos Briseño Torres e indirectamente su posterior fallecimiento, se debió a la declarada sentencia de éste, en el sentido de que daría a conocer “desvíos de recursos económicos graves en la Universidad” y que el principal autor intelectual y material de dicho atraco era el exrector Raúl Padilla López. A la muerte de Briseño, el manejo turbio y nada transparente del presupuesto universitario sigue en bonanza.

3. El pasado 26 de enero, el Consejo General Universitario (CGU) aprobó bajo protesta el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2010. El CGU manifestó públicamente “su total desacuerdo con la política presupuestal del Ejecutivo Estatal hacia la máxima Casa de Estudios de Jalisco”. Lo que no se atreve a decir el CGU es que la sociedad jalisciense y el grueso de la comunidad universitaria está en total desacuerdo en la forma de ejercer dicho presupuesto por parte de las autoridades universitarias toda vez que existe el criterio de su utilización para fines esencialmente lucrativos (showbusiness) del propio grupo de poder, y no para prioridades académicas y tareas sustantivas universitarias. El CGU habla, en su desplegado con fecha del 29 de enero pasado, de que el aumento presupuestal tendría como destino el gasto en la terminación de edificios (biblioteca, preparatorias, etc.) y “la ampliación de la matrícula universitaria”; sin embargo, este último loable propósito en realidad aparece como justificación demagógica pues, como hemos visto desde hace al menos dos décadas con la privatización neoliberal de la educación universitaria, sigue aumentando el número de estudiantes no admitidos en la UdeG. En los hechos concretos, se han escatimado cuantiosos recursos para el crecimiento de la matrícula y, por otro lado, han derrochado buena parte del presupuesto universitario en proyectos frívolos o de relumbrón; proyectos que, por más que se diga lo contrario, no forman parte de las funciones de una universidad  y menos si se trata de una universidad pública.

4. Ciertamente debe incrementarse el presupuesto, pero para fines estrictamente académicos. El Gobierno del Estado que encabeza el Emilio González Márquez debería considerar las exigencias presupuestales de la Universidad de Guadalajara bajo el estricto compromiso de someterse a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado, con el cumplimiento formal de los plazos que la ley contempla para la entrega de la documentación que demuestre el correcto, pertinente y honrado uso de los recursos que le son entregados.

Por ello mismo, demandamos una auditoría urgente y seria, mandatada por la nueva legislatura del Congreso del Estado. De lo que se trata es que la UdeG brinde la educación pública que requiere la sociedad en calidad y cantidad, anulando la corrupción imperante, y eso requiere de una profunda transformación democrática.

Responsable: Evangelina Álvarez Cabrera